La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM) por la detención y deportación de un salvadoreño que contaba con la condición de refugiado en agosto de 2022.

La víctima fue detenida cuando se encontraba en su centro de trabajo, después fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Chiapas, en Tapachula, y debido a que no exhibió documentos que acreditaran su estancia regular en México, se resolvió alojarla en la estación migratoria Siglo XXI, desde donde finalmente fue retornada a su país de origen.

La CNDH expuso que en el procedimiento administrativo migratorio se omitió la información proporcionada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) sobre la calidad de refugiado de la víctima, que se le otorgó desde 2018.

Entre otras pruebas que también recabó, está el acta de la comparecencia, elaborada por las autoridades migratorias, en la que se señala que si bien los agentes explicaron a la persona retenida sobre el reconocimiento de la condición de refugiado, la víctima refirió que no era su deseo solicitarla y pidió ser retornada a El Salvador; sin embargo, el documento no fue firmado y sólo aparece una huella digital.

Se corroboró, además, que la autoridad responsable resolvió concederle un término hasta de 10 días hábiles para que presentara pruebas a su favor, pero tres días después de notificarle la retornó a su país de origen.