a decisión de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de hacer que el Colegio Académico decretara el fin del paro de las estudiantes no sólo no terminó con el movimiento, sino que incorporó nuevos actores, pues estudiantes y académicos comenzaron a protestar porque se les quería obligar a retomar las clases incluso a distancia, como si hubiera una emergencia nacional de salud y como si académicos y estudiantes no tuvieran todavía fresca la experiencia de casi dos años de confinamiento solitario. Por otro lado, al decretar el retorno a la educación virtual, las autoridades tampoco tuvieron en cuenta que las condiciones en que seis mil académicos y administrativos llevan a cabo su trabajo no podían cambiarse sin siquiera consultarlos, y muchos se negaron a obedecer. Poco importan los derechos y en el caso de las estudiantes, menos sus quejas y demandas. Por eso el continuo desdén llevó a una situación límite tal que provocó el movimiento estudiantil y feminista más fuerte y organizado que se haya dado en el último siglo en las principales instituciones de educación superior del país. Y no es lo único, ya en el pasado los conflictos laborales se han vuelto más agudos. Evidentemente, algo está ocurriendo con la estructura de poder en la UAM.

En esta universidad hay varios terrenos de desacuerdo y hasta de verdadera y creciente confrontación. La más importante es la que se da –en los hechos– en torno a qué significa educación. Los funcionarios responsables de la institución apoyados en disciplinas y formas de trabajo más verticales y en su posición de poder suelen considerar que la universidad es un ente productor de un servicio. Le corresponde generar profesionistas y conocimientos útiles para el desarrollo del país. Por otro lado, un importante sector de los académicos considera que educar es el trabajo de construcción colectiva horizontal y democrática del conocimiento que llevan a cabo estudiantes y profesores en torno a una profesión y a sus maneras de ver y ser en el mundo. Sobre todo, cuando está en medio de procesos sociales importantes; de ahí que, como notan profesoras y profesores de la UAM en carta a El correo ilustrado (La Jornada, 10/5/2023) un movimiento de tales dimensiones e importancia como el de las jóvenes de hoy es una experiencia que tiene un valor formativo inigualable (como fue el 68 para la propia UAM) y que puede y debe integrarse plenamente en el proceso de formación profesional. Hay así y de fondo una división y contraposición respecto de algo elemental, el objeto mismo de la institución. En concreto, o se trata de formar estudiantes que valen para el país y para sí mismo al convertirse en actores de la historia gracias al trabajo participativo y horizontal o convertirlos en instrumentos bien provistos de informaciones útiles para la producción ajena y enajenante.

Esta divergencia en el objeto mismo de la institución educativa, entre autoridades y empleados, explica la radicalidad del conflicto actual. Para ellas es la lucha para dejar de ser meros objetos y pasar a ser actoras con poder e imaginación ahora y aquí en la universidad, mañana en su espacio en la sociedad. Esta radicalidad cuestiona todas las otras expresiones de poder monopólico en la institución: el control sobre los órganos colegiados, la normatividad hecha para sujetar y limitar derechos y ampliar los campos de injerencia de las autoridades, la concentración de facultades y competencias, el monopolio de la toma de decisiones y el impulso por acrecentar el poder. De hecho, el mismo día que estalló el actual conflicto, la veintena de autoridades ya había hecho aprobar un dictamen que venía a fortalecer su papel en la institución. La gestión, es decir, el ejercicio del poder debía considerarse como una función tan importante como la de investigación, docencia y extensión de la cultura. Adiós entones a la idea de que quienes administran están ahí para servir y crear las condiciones propicias para educar. Su finalidad, es burocrática, servirse a sí misma, mantener y ampliar el control. Finalmente, el movimiento hizo mucho más evidente lo que ha sido una característica del ejercicio del poder en la UAM: entre los más de cien funcionarios de todos los niveles a lo largo del conflicto ninguno ha dado a conocer una opinión disidente o distinta sobre cómo responder al conflicto. Nunca en estos dos meses, pero tampoco en muchas décadas anteriores, el bloque de autoridades ha demostrado estar vivo. Allí no hay pluralidad, tampoco discordancias y discusión abiertas. Esto contribuye en gran medida a que en la UAM los conflictos no se resuelvan, sino se alarguen. La del bloque es toda una lección de mala educación: callar y obedecer, y sería la única asignatura si no fuera porque hay estudiantes, profesores y trabajadores administrativos que, parafraseando a los antiguos, vienen a contradecir. Una gran lección.

* UAM-X