El proceso en contra de Héctor Taurino Landa Cabrera, ex funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por enriquecimiento inexplicable podrá seguir su curso, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó el recurso de amparo con el cual impugnaba la constitucionalidad de este tipo penal.

El imputado comenzó a trabajar en el SAT en 2011 y fue escalando posiciones hasta llegar a ser administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes, hasta que en 2018 se descubrió que una empresa facturera le regaló una residencia con valor comercial de 15 millones de pesos.

Tras el descubrimiento, la Fiscalía General de la República investigó sus bienes y encontró que había adquirido otros inmuebles por un total de 21.9 millones de pesos, lo que superaba sus ingresos como funcionario, por lo cual lo acusó formalmente de enriquecimiento ilícito.

Inconstitucionalidad

Ante ello, Landa Cabrera interpuso un amparo para denunciar la supuesta inconstitucionalidad del artículo 224 del Código Penal Federal, que tipifica el delito de enriquecimiento ilícito, y alegó que viola los principios de legalidad y presunción de inocencia.

El caso llegó hasta la SCJN. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto que niega el amparo con el argumento de que el hecho de señalar los bienes que posee un funcionario, cuando éstos exceden su capacidad económica, no prejuzga sobre su origen ilícito.

En conclusión, la porción normativa impugnada no impone una carga de probar la inocencia, sino que señala la forma en que puede hacerse frente, si así lo desea la persona servidora pública, a una acusación en su contra por un enriquecimiento que se presume ilícito, señala el proyecto aprobado en la primera sala de la SCJN.

La ministra Margarita Ríos Farjat solicitó que se le declarara impedida para participar en esta resolución debido a que fue jefa del SAT en 2019 y como tal supo de este caso. Aunque aseguró que no tuvo injerencia directa, pidió que se le excusara de votar para mantener el principio de seguridad jurídica, lo cual le fue autorizado por sus compañeros de sala.