La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá hasta el 1º de enero de 2024 para pasar el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al fijar los efectos de su fallo para sacar a esa corporación policial del control militar.

Al replantear los efectos de la decisión que tomó el pleno del máximo tribunal el martes pasado, el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, señaló que de esta manera el cambio administrativo y operativo de la GN podrá darse de manera ordenada, paulatina y plena, privilegiando la certeza jurídica y sin afectar la continuidad de su operación.

“De tal suerte que, en ese plazo, las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la secretaría del ramo de seguridad pública.

Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado en forma plena, paulatina y ordenada. En síntesis, propongo postergar el surtimiento de los efectos de invalidez al 1º de enero de 2024, señaló González.

A su vez, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, explicó que de esta forma el ajuste en la estructura de la administración pública federal, que implica el traslado de la GN, podrá ser considerado en el presupuesto de egresos que tendrá vigencia a partir del primer día del año próximo.

La propuesta fue aprobada por mayoría de nueve votos, en contra sólo se manifestaron los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Resuelto este asunto, la SCJN abordó de inmediato un punto relacionado: la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Ley de la Guardia Nacional.

El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, sólo alcanzó a exponer el primer punto de la resolución, la cual desecha el argumento de que existiría omisión legislativa del Congreso por no elaborar las reglas de coordinación entre la GN y los gobiernos estatales y municipales.

Explicó que no hay tal omisión, puesto que “del estudio integral de la Ley de la Guardia Nacional, existen diversas normas que regulan los supuestos de coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las autoridades de las entidades federativas (…) es posible, por tanto, concluir que el legislador sí cumplió, que no hay una omisión absoluta en este mandato”.

La discusión de este asunto continuará el lunes próximo.