istéricos, los barones de la minería, por medio de sus jilgueros mediáticos, ponen el grito en el cielo (con la misma tonada por ellos utilizada en el caso Iberdrola) ante la iniciativa de reforma a la Ley Minera que en días pasados presentó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es acabar con el extractivismo voraz de los corporativos sectoriales, recuperar la rectoría del Estado sobre minerales y recursos hídricos, y evitar la desaforada entrega de concesiones (recuérdese que, por ese mecanismo, en el régimen neoliberal se entregó 60 por ciento del territorio nacional a un puñado de empresas).

La cantaleta es la misma: ¡cuidado!, que la iniciativa privada dejará de invertir en caso de que se apruebe dicha reforma, pero lo cierto es que no hay mina que quepa en una maleta de viaje ni en un furgón de ferrocarril, como Germán Larrea comprenderá. Durante muchos años a los barones les funcionó este chantaje, pero se acabó, por mucho que canten sus jilgueros maiceados.

Dice el presidente López Obrador que los barones de la minería han ido entendiendo poco a poco, pero hay quienes no; quieren extraer más agua y no cuidar que no haya derrames (tóxicos), como el de Cananea. Sin embargo, bien harían los que sí han ido entendiendo que devolvieran las concesiones que obtuvieron en áreas naturales protegidas, por cortesía de los neoliberales.

No son pocas y el gobierno sabe, porque según sus propias cifras mil 671 concesiones mineras se localizan dentro de 70 áreas naturales protegidas (1.5 millones de hectáreas). Catorce de ellas, otorgados por el gobierno de Salinas de Gortari, a partir de la Ley Minera de 1992, se autorizaron para igual número de núcleos de reservas naturales de la biósfera, lo que ha provocado una severa afectación ( La Jornada, Alma E. Muñoz y Enrique Méndez). Por si faltara algo, la administración salinista otorgó no sólo en áreas naturales protegidas, sino en la zona económica exclusiva, el zócalo submarino y la zona federal marítimo-terrestre.

Para el mandatario las cosas han cambiado, porque antes los machuchones de la minería eran los que nombraban al secretario o al subsecretario de la Secretaría del Trabajo, ellos mandaban y la Cámara Minera de México (controlada por los mismos barones) tenía mucho poder. De hecho, Borolas nombró al abogado corporativo de Grupo México (Larrea) como titular en el Palacio de Cobián (léase Gobernación). Ahora, es distinto, dice, pero todo indica que la actual titular de la citada dependencia no se ha enterado, porque a punto están de cumplir 16 años las tres huelgas mineras estalladas en 2007 durante el calderonato (Sombrerete, Cananea y Taxco), con todo y la instrucción presidencial de resolverlas de inmediato, y han transcurrido más de cuatro años y nada de nada. Y del caso Notimex, ni se diga.

Sobre su iniciativa de reforma y el canto de los jilgueros, López Obrador dice: ¿cómo les puedo demostrar que (a los barones) les ayuda una política como la que estamos aplicando? De manera muy sencilla: han seguido haciendo negocios y obtenido utilidades, y en algunos casos como nunca, no han sido afectados. Que se acabe la corrupción; esa es la fórmula. Entonces, no pasa nada, no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones.

Ciertos elementos confirman lo dicho por el mandatario: por ejemplo, sólo en los últimos cuatro años (2019-2022) Grupo México se ha embolsado cerca de 11 mil 400 millones de dólares en utilidades netas (alrededor de 228 mil millones de pesos) y su dueño, Larrea, es un especialista en chantajear con aquello de me voy y no invierto más en este país.

Algo más: en el supuesto que canceláramos la mitad de las concesiones, les quedarían 60 millones de hectáreas para explotar minerales que les permitirían trabajar minas más de mil años. El exceso, el derroche de concesiones mineras se daba para la especulación financiera; las obtenían y ni siquiera exploraban ni invertían nada, sino que con esa concesión iban a las bolsas de valores y vendían acciones, o sea la concesión la comercializaban.

Entonces, a chantajear a otra parte.

Las rebanadas del pastel

Te hablan, Chente: es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza (mariguana). Independientemente si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad. Además, ¿por qué aprovecharse de su poder?, porque a todas luces también es un caso de influyentismo (AMLO dixit).

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