na nutrida delegación del gobierno mexicano acudió ayer a la Casa Blanca para dialogar con sus pares estadunidenses sobre las prioridades compartidas bajo el Entendimiento Bicentenario en materia de Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras. La cancillería informó que uno de los objetivos principales del encuentro fue reducir drásticamente el flujo de precursores químicos del fentanilo y otras sustancias a México y Estados Unidos, así como el número de armas que ingresan a territorio nacional a través de la frontera compartida.
La conformación de las respectivas representaciones ilustra la importancia que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden dan a la cooperación bilateral para enfrentar ambos fenómenos. El equipo encabezado por la secretaria de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, incluyó a los titulares de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, Defensa, Marina, Centro Nacional de Inteligencia y Embajada en Washington, así como a los jefes de la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Con variaciones debidas a la estructura institucional, el personal enviado por la Casa Blanca fue de nivel simétrico.
Resalta la transparencia con que se abordó un asunto tan trascendental como delicado, en el cual existen coincidencias, así como divergencias, que se pusieron sobre la mesa como única vía sensata de procesarlas. Asimismo, quedó patente que el compromiso de México en el combate a estos males se acompaña de una firme defensa de la soberanía frente a los amagos de actores políticos estadunidenses que explotan la crisis de abuso de sustancias en busca de ganancias electorales. En efecto, la dinámica política de ese país introduce distorsiones en la manera en que se entiende y se aborda la problemática, como reflejan la virulencia y la mendacidad de militantes republicanos que pretenden responsabilizar a México por el consumo descontrolado de fentanilo y sus trágicas consecuencias, una crisis de salud pública originada en Estados Unidos y que debe ser abordada por instancias estadunidenses.
Es necesario esclarecer hasta qué punto tienen sustento las acusaciones de que la frontera terrestre entre México y Estados Unidos es el principal punto de acceso del fentanilo que se consume en dicho país, pero es un hecho que el problema de adicción al norte del río Bravo tiene una relación directa con los desafíos a la seguridad pública que el trasiego de sustancias plantea para México. Por ello, constituye un logro diplomático que Washington finalmente accediera a tratar de manera conjunta dos temas que son indisolubles, pero que se ha empeñado en disociar: el trasiego de drogas de sur a norte y el tráfico de armas de alto poder de norte a sur, con el que la industria estadunidense arma a los cárteles mexicanos, dotándolos de una capacidad de fuego que no sólo dificulta la lucha contra sus actividades ilícitas, sino que los convierte es una permanente amenaza para la sociedad.
Incluso si fuera cierto que la mayor parte del fentanilo pasa por territorio mexicano, como alega Washington, la realidad es que las autoridades están haciendo su trabajo: entre el 27 de enero y el 6 de marzo pasados, 22 laboratorios o cocinas fueron desmantelados, y sólo del 7 al 21 de marzo se incautaron 384 millones de dosis. Este trabajo es reconocido por las propias agencias estadunidenses. En contraste, los gobernantes de la potencia del norte persisten en su empecinamiento de negar la existencia de cárteles y capos locales, y muy poco es lo que hacen para desmantelar las estructuras del crimen organizado en su propio territorio.
En suma, cabe saludar el encuentro como un logro en los esfuerzos mexicanos para ordenar la manera en que se enfrenta el fenómeno del narcotráfico y las adicciones, pero con la claridad de que sólo podrá abordarse de manera exitosa cuando Washington deje de lado el absurdo de sostener una guerra
contra las drogas sin atender a sus adictos, sin emprender una revisión profunda de la desintegración de su tejido social y sin asumir el impostergable cambio de paradigma del punitivismo a la salud pública.
