Luego de exponer los casos de acoso y maltrato a personas de bajos ingresos y comerciantes informales, el pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, a cesar la criminalización de la pobreza en la demarcación.

En una sesión virtual, los diputados de Morena expusieron los casos del comerciante Darío Villeda, quien se habría suicidado por supuestas amenazas de Limón; de Francisco Alvarado, a quien policías contratados por la alcaldía lo privaron de su libertad y golpearon, y más recientemente el caso del retiro de una escalera de la vivienda de una familia de escasos ingresos porque ocupaba parte de la vía pública. Dichas acciones, dijeron, son parte del acoso reiterado que viven los grupos vulnerables en Álvaro Obregón, y por los que Limón debe dar una explicación.

Al detallar el caso de la escalera, la diputada Valentina Batres, de Morena, acusó que Limón pidió a los vecinos que la retiraran, de lo contrario la alcaldía lo haría en un plazo de 24 horas. Las personas afectadas mencionaron que al intentar hablar con la alcaldesa, les contestó que deben aprender a vivir adecuadamente, que deben ser educados.

La diputada del Partido Acción Nacional Claudia Montes de Oca defendió a la alcaldesa, al asegurar que se trata de poner orden en la demarcación. La declaración también fue objeto de críticas entre los parlamentarios, quienes aseguraron que en el fondo son actos de discriminación.

Esta situación se ha repetido en varias ocasiones: se criminaliza la pobreza al no tomar en consideración la orografía del terreno en el que está asentada la vivienda ni las condiciones económicas de las familias afectadas. Aparte, los actos realizados por la autoridad impidieron a las personas interesadas ejercer su derecho de audiencia, comentó Batres.

Después de una discusión de varios minutos, por mayoría de votos se aprobó hacer un exhorto a la alcaldesa para que respete a la ciudadanía, darle garantía de audiencia y acabar con la criminalización de la pobreza.