La ministra Loretta Ortiz Ahlf propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negar el amparo promovido por una asociación civil contra la Ley de la Guardia Nacional.

En un proyecto de sentencia que se votará la semana próxima, plantea que la creación de esta corporación no viola la Constitución ni implica restar facultades a los estados y municipios.

El asunto fue listado para votarse en el pleno de ministros inmediatamente después del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que éste propone invalidar el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La propuesta de la ministra Ortiz Ahlf señala que la creación de GN no implica federalizar la seguridad pública, sino establecer una armonía organizada de sus facultades, con el objeto fundamental de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Explica que la ley impugnada contempla en su texto mecanismos de colaboración y coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública, mediante los convenios que para el caso se firmen con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La militarización del país

De todo lo anterior este alto tribunal concluye que la aseveración de la recurrente en el sentido de que la centralización referida conlleva a la militarización del país y con ello se vulnera el sistema de facultades concurrentes que en materia de seguridad rige, es inexacta, pues en primer lugar no existe tal concentración de poder en el ámbito de seguridad pública a cargo de las autoridades federales, precisamente derivado del sistema de coordinación y facultades concurrentes, Menos aún, los elementos de la Guardia Nacional actúan bajo el imperio de elementos castrenses, sino, como lo que es, una policía de carácter civil, concluye la propuesta de la ministra Ortiz Ahlf.

Por tratarse de un amparo, esta propuesta puede ser aprobada con sólo seis votos de los 11 integrantes del pleno.