Tras la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 extranjeros en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), la solución no es eliminar ese órgano, sino modificar el modelo de atención para que se garanticen los derechos de indocumentados y no se les persiga, consideró el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).

Lo que se requiere es que en las acciones de control en las fronteras no se persiga a las personas, sino que se puedan identificar aquellos perfiles que necesiten algún tipo de protección, así como apostar al fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, aseveró Melissa Vértiz Hernández, secretaria técnica del GTPM, integrado por diversas organizaciones, como Asylum Access, Instituto para las Mujeres en la Migración y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Los recursos humanos, financieros y de infraestructura del Estado mexicano deben estar encaminados a la corresponsabilidad de las distintas entidades de gobierno, en sus tres niveles, no sólo federal, sino estatal y municipal, para avanzar hacia la garantía de derechos de las personas, expuso en entrevista.

Después de que el padre Alejandro Solalinde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre migración y el futuro del INM, Vértiz Hernández indicó que si bien es importante tratar el papel del instituto, también es necesario no dejar de ver que lo sucedido en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo, aún no se resuelve; no hay realmente un acceso a la justicia.

Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, coincidió en que lo crucial es modificar las políticas migratorias, pero se pronunció por la transformación del instituto.

Desde hace muchos años, dijo, organizaciones que acompañamos a indocumentados y a solicitantes de asilo, así como las personas encargadas de albergues hemos venido denunciando la corrupción en el INM; esto no es nuevo ni exclusivo de esta administración, y se ha propuesto que haya una transformación para que realmente sus actuaciones estén apegadas a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.