La actual ley minera, orquestada por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, puso las condiciones para que se gestaran las fortunas de los que ahora son algunos de los hombres más ricos del país, a costa de despojos, expropiaciones, amenazas, accidentes trágicos, daño al medio ambiente y más, destacó Violeta Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La especialista recordó que el artículo sexto de la Ley Minera de 1975 fue reformado en 1992 por el entonces mandatario Salinas de Gortari, para introducir el término de preferencia de la actividad minera sobre cualquier otra actividad, incluso sobre las ligadas a la vida y sobrevivencia de los pueblos y comunidades, como son sus siembras, cultivos y milpas, entre otras.

El gran objetivo de la reforma de hace tres décadas era abrir al mercado la actividad minera, atraer inversión privada (mediante el otorgamiento de concesiones) y modernizar la industria de la minería, a fin de hacerla competitiva.

Esa ley pretende ser modificada con una reforma que el pasado 28 de marzo presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas plantea la eliminación del carácter preferente de la actividad minera y la eliminación del derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación, al tiempo que busca otorgar mediante concurso público las concesiones mineras, reducir su vigencia de 100 a 30 años como máximo y condicionar la explotación a la disponibilidad hídrica de las diferentes localidades.

Ante dicha propuesta, la Cámara Minera de México ha dicho que la analizará a profundidad, pues implica fuertes repercusiones al sector; en tanto, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México señaló que puede generar impactos negativos a la actividad minera nacional y poner en riesgo la subsistencia y continuidad de la misma, mientras Intercam advierte sobre desincentivos a la inversión privada.

Rodríguez explicó que la reforma del presidente López Obrador es profunda y estructural, pues busca revocar la aprobada hace 31 años, que fue parte de las leyes que cancelaron el reparto agrario y posibilitaba la compraventa del ejido mexicano. La ley salinista modificó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera, aprobada en 1975, en la que el Estado todavía estaba presente de manera importante y con preferencia en la actividad minera.

Para la especialista, los resultados de esa reforma son claros, pues desde su punto de vista, es la artífice de gestar a los hombres más ricos de México, entregar concesiones en más de la mitad del territorio nacional (por 50 años, con posibilidad a otros 50), dar concesiones en territorios indígenas sin haber consultado a los pueblos y comunidades indígenas y extraer el doble de plata y siete veces más oro de lo que se sacó durante los 300 años que duró la Colonia.

Además, agregó, se incrementó como nunca la exportación minera, lo que implicó que la producción no era para el territorio nacional, sino para los centros de poder económico mundial, como Estados Unidos y China; se privatizaron las ganancias; se propiciaron despojos de tierra, territorio, agua y minerales; crecieron las expropiaciones; se generaron desplazamientos forzados; hubo amenazas, asesinatos, contaminación, así como decenas de mineros sepultados en accidentes en las minas y desastres ambientales.

Frente a estos resultados de la minería, apuntó la especialista, el presidente López Obrador propone una modificación de fondo a la legislación vigente.