La violencia política sigue concentrada en el sur del país, marcadamente en Oaxaca, donde suceden 30 por ciento de los casos; le siguen Veracruz, con 11, y Tabasco, 9.4.

El registro nacional de personas sancionadas por ataques políticos contra las mujeres en razón de género, coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y abierto desde septiembre de 2020, acumula 318 expedientes que involucran a 283 infractores, 30 más que hace un trimestre. Del total, 19 son reincidentes, y uno de ellos –ex alcalde de Altotonga, Veracruz– está consignado 11 veces.

Se trata de Ernesto Ruiz Flandes, en su momento postulado por Movimiento Ciudadano; a una de sus víctimas –ex regidora– se le concedieron medidas de protección y no repetición, y a él una sanción máxima de seis años, vigente hasta 2025, en los que no podrá contender por un cargo.

En general, 26 personas perdieron el modo honesto de vivir por cometer actos de violencia política, sanción vigente mientras estén inscritos en dicho listado; igualmente, los sancionados son mayoritariamente del sur de México. Los 317 registros fueron ordenados por distintas autoridades, casi todos por tribunales electorales locales, aunque dos se derivan de sentencias penales, y otros dos por el órgano de justicia intrapartidaria del PRD.

La problemática, tanto de violencia como de participación política, está focalizada en el ámbito local. De los 2 mil 500 municipios que hay en el país, solo 26 por ciento son gobernados por mujeres.

Criterios legislativos

En los informes finales de las comisiones del INE en la materia, presentados la semana pasada, la consejera Carla Humphrey manifestó preocupación por un proyecto de ley con base en el cual se dejan como facultad exclusiva del Congreso de la Unión las acciones afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos en discriminación al goce y ejercicio de derechos político-electorales para el cumplimiento del principio de paridad de género.

Además, dijo, se limitan las atribuciones interpretativas del Tribunal Electoral. Esta iniciativa de reforma es preocupante por regresiva, ya que los principales avances en materia de género, como las acciones afirmativas, se han dado principalmente en el ámbito administrativo y en acciones jurisdiccionales.

A su vez, su par Norma de la Cruz señaló que la paridad total no sólo consiste en la postulación, sino en la posición de responsabilidad que se dé a las mujeres. Llamó a los partidos políticos a establecer en sus documentos básicos los criterios necesarios para garantizar este principio, el cual no debe ser temporal o compensatorio, subrayó.

También los exhortó a fortalecer los mecanismos para atender y sancionar las violencias en razón de género al interior de los partidos.

Adicionalmente, añadió, se requiere capacitar a los servidores públicos en este tema.