Santiago. No se aplacaban los resquemores y reproches que causó en Chile la aprobación, la tarde del miércoles, de una controversial y punitiva ley para proteger a las policías, cuando a la noche ocurría el baleo, en pleno centro de Santiago, del cabo primero de Carabineros Daniel Rodrigo Palma Yáñez, de 33 años, quien moriría pocas horas después.

El suceso –acontecido pasadas las 21 horas cuando el uniformado quiso controlar a un automóvil y desde cuyo interior le propinaron a mansalva dos tiros en la cabeza–, sacudió hasta los cimientos al gobierno del presidente Gabriel Boric: era el tercer agente asesinado en acto de servicio en tres semanas, algo inaudito en este país.

La administración de Boric está severamente cuestionada por la ciudadanía y asediada por la oposición derechista, que la responsabiliza de la crisis de seguridad pública existente, donde entre otras cosas se ha instaurado prácticamente a diario el sicariato, al punto que 80 por ciento de la población lo considera el principal problema nacional.

Tanto desde la derecha como desde sectores del oficialismo, particularmente senadores socialistas, están demandando que el ejército cope las poblaciones y/o municipios más críticos, tomados por las mafias en la nación andina.

Las dos muertes previas de uniformados en marzo, precipitaron una ofensiva opositora para aprobar legislaciones que agravan la penalidad de los delitos contra las fuerzas del orden, incluyendo una norma que virtualmente los hacía inimputables si disparaban sus armas en actos de servicio, incluso para proteger bienes vandalizados, por ejemplo, en manifestaciones en las calles.

Al gobierno, acosado por todos los flancos, no le quedó otra cosa que sumarse al populismo penal, como se le ha llamado. Pero la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el de Justicia, Luis Cordero, se emplearon a fondo para lograr que la versión original del proyecto, redactado por parlamentarios derechistas, fuera en algo morigerada y no tuviera el tono de una ley de gatillo fácil, como la llamó Tohá, otorgando a los agentes impunidad para disparar a mansalva.

Antenoche, Tohá y Cordero concurrieron al hospital Posta Central donde el carabinero Palma estaba siendo intervenido y su estado era crítico.

Ella, evidentemente compungida, declaró que las medidas tomadas hasta ahora eran insuficientes y que se requería de otras, dado, el especialmente violento accionar de los delincuentes.

La legislación finalmente aprobada y promulgada hoy por Boric al fragor de acusaciones y descargos que desató el asesinato del cabo Palma, eleva las penas carcelarias para quienes cometan delitos que afecten a los carabineros, policía civil, gendarmería y efectivos de las fuerzas armadas; consagra en beneficio de ellos la legítima defensa privilegiada cuando disparen sus armas en situaciones diversas; al tiempo que restringe los juicios abreviados y los beneficios carcelarios para quienes sean juzgados y condenados en virtud de la misma.

Además, Boric anunció la asignación de un presupuesto extraordinario de mil 500 millones de dólares para modernizar el equipamiento policial, y la intervención de seguridad pública en 30 municipios del país, donde tiene lugar la mitad de los crímenes de mayor connotación social y donde vive un tercio de los 19 millones de habitantes de Chile.

Llanto policial

La imagen parecía surrealista y seguramente quedará inscrita para siempre en los registros trágicos de Chile: la noche del miércoles, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, lloraba ante el país, mientras daba cuenta de lo que acontecía. Ya basta de que sigan matando a quienes nos cuidan. Hoy día, hay un hijo, una esposa, una institución que están sufriendo. Pero no vamos a descansar y los vamos a encontrar, dijo entre lágrimas.

No nos podemos permitir que gente que está luchando por la seguridad de este país, que estamos haciendo para mejorarla, un delincuente, le dispare en la cabeza a un carabinero, añadió.

Según el mando policial, hay un esfuerzo en la dirección correcta en entregarnos mayores facultades para poder hacer nuestro trabajo, pero obviamente estamos enfrentando una delincuencia que es terrible, nunca lo habíamos visto antes.

La policía individualizó y sostuvo que está buscando a dos ciudadanos venezolanos en conexión con el crimen, si bien no han sido responsabilizados formalmente.