orporaciones policíacas de San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas, así como el Ejército y la Guardia Nacional, colaboraron ayer en un operativo que permitió localizar y liberar a 35 personas presuntamente secuestradas desde la noche del martes. De acuerdo con la información disponible al cierre de esta edición, las víctimas son migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Venezuela, así como algunos guanajuatenses. Sin embargo, las versiones se han sucedido de manera confusa y contradictoria al paso de las horas: en un principio, se informó que 23 turistas abordaron dos camionetas en el municipio de San Felipe, Guanajuato, la noche del lunes 3, y que durante la madrugada del martes 4 la empresa que les rentó los vehículos perdió tanto la capacidad de rastrearlos vía GPS como el contacto con los choferes.
Posteriormente, se dijo que quienes emprendieron el viaje desde la entidad del Bajío con rumbo a Saltillo eran migrantes, y que otros 12 individuos se les unieron en algún punto del camino. Se reporta que tanto los conductores como Grupo Eifel se encuentran bajo investigación para deslindar responsabilidades por tráfico de personas; mientras las autoridades locales y federales analizan cómo proceder con los migrantes.
Es necesario despejar todas las confusiones en torno al caso y establecer de manera precisa la cadena de acontecimientos que culminó con el operativo aéreo y terrestre efectuado ayer. Si bien cabe congratularse porque en esta ocasión se tenga un desenlace positivo, no puede soslayarse que la industria del tráfico de personas es un problema real y de graves consecuencias para miles de personas.
Este negocio delictivo cobra un carácter estructural por factores como la desigualdad en los grados de desarrollo entre el norte del continente y las naciones centroamericanas y caribeñas, o la sed de mano de obra de la economía estadunidense. Pero el problema central del drama migratorio radical en el empecinamiento de la clase política estadunidense en ilegalizar un flujo humano que es económicamente necesario para el propio Washington. Esta postura crea las condiciones de rentabilidad para el siniestro negocio del tráfico de personas y es la causa raíz de tragedias recurrentes como la que tuvo lugar en Ciudad Juárez la semana pasada, o como la muerte de 53 migrantes abandonados en un camión en Texas en junio de 2022.
Por otra parte, la actividad de los polleros no puede operar sin complicidades en los tres niveles de gobierno. Esta realidad recuerda la importancia de reforzar el combate a la corrupción en los aparatos gubernamentales locales, estatales y federal, pues la migración no tiene por qué ser una actividad riesgosa; se vuelve insegura en la medida en que quienes lucran con la necesidad y las esperanzas de los migrantes cuentan con la connivencia de las autoridades. En suma, sin olvidar que la razón última de la crisis migratoria se halla en la política xenofóbica de Estados Unidos, deben tomarse todas las disposiciones al alcance del Estado mexicano para atajar los ataques contra las personas en tránsito.
