Una alternativa a la crisis del agua es el manejo comunitario que ya existe en algunos lugares del país, donde los propios pobladores regulan el recurso y lo reparten con equidad, sostiene Francisco López Bárcenas, investigador de El Colegio de San Luis.

En entrevista explica que entre las experiencias están Paso de la Reyna, en la sierra sur de Oaxaca, ejido que forma parte del Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde (Copudever).

El reglamento interno del lugar señala procedimientos para reducir la contaminación y saqueo de especies, así como medidas de protección del río frente a empresas y proyectos hidroeléctricos.

El ejido tiene entre sus bienes hídricos el río Verde, arroyos y aguajes. Para cuidar estos recursos, la comunidad plantea mantener la vegetación, reforestar las zonas cercanas, realizar tequios cada seis meses para limpiar el área e impedir la privatización del uso de los cuerpos de agua. El río Verde se considera fuente de vida para al ejido, indica López Bárcenas.

Otro ejemplo, dice, es San Lucas Atoyaquillo, también de Copudever, en la misma región oaxaqueña. Su reglamento ordena el aprovechamiento responsable del territorio, tierra y bienes naturales comunes para cubrir las necesidades esenciales del ejido.

También define sanciones para quienes talen árboles verdes para usarlos como leña o los que están dentro de la superficie de 50 metros designada para los aguajes. También castiga a quien tire basura o animales muertos en los manantiales o ríos.

Añade que los ejidos y comunidades han regulado el manejo del agua en reglamentos agrarios, estatutos, ordenamientos ecológicos territoriales y convenios de coordinación con las autoridades. Los pobladores adaptan esos instrumentos a sus necesidades para proteger sus territorios y recursos naturales ante el acecho de los capitales.