México ocupa el primer lugar mundial como consumidor de agua embotellada, mientras aumenta en el país la población que carece del líquido para cubrir sus necesidades vitales.

La falta de agua azota lo mismo a poblaciones aledañas a minas o refresqueras que a comunidades indígenas, como los yaquis, que observan cómo el recurso que podía servirles se va para Hermosillo. Habitantes de Monterrey o la Ciudad de México se enfrentan a la reducción del suministro, lo que no pasaba años antes.

A la carencia de agua contribuyen las condiciones climáticas, que alteran el régimen de lluvias y ocasionan sequía, pero sobre todo la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992, que abrió el paso a las concesiones sin límite.

En 1992 había 2 mil títulos de concesión y en 2021 ya sumaban alrededor de 600 mil, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esto ha llevado a la sobrexplotación de al menos 157 acuíferos y a la concentración del líquido en sectores productivos, indican expertos.

Con servicio diario, sólo 58 por ciento de la población

En el Día Mundial del Agua, las cifras hablan de una crisis. Apenas 58 por ciento de la población cuenta con líquido a diario, se trata sólo 50 por ciento de aguas residuales, 60 por ciento de ríos o lagos están contaminados y 40 por ciento se pierde en fugas en las redes del servicio público, revela el estudio Perspectivas del agua en México, realizado por la Red de Agua UNAM, Unesco y Agua Capital.

En 2020, aún 6.7 por ciento de la población (8.5 millones de personas) habitaban en viviendas sin acceso a agua potable y 5.1 por ciento (6.5 millones) en casas sin drenaje, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Cada mexicano consume en promedio entre 174 y 254 litros de agua embotellada al año, mercado que a escala mundial será de alrededor de 217 mil 120 millones de dólares en 2026, estimó el investigador Raúl Pacheco-Vega.

La Ley General de Aguas, que debía promulgarse desde que en 2012 una reforma incluyó en la Constitución el derecho humano al agua, no está en la agenda de ningún partido político, señaló en entrevista Francisco López Bárcenas, investigador de El Colegio de San Luis. Asegura que aún pesa la hidrocracia, es decir, que quienes acaparan el agua están frenando la legislación.

Si surge una norma que sólo reglamente el derecho humano al agua, sin derogar la legislación vigente, sería un terrible error, porque seguirá existiendo la ley que permite las concesiones del agua, su venta y renta, añadió el especialista.

El acaparamiento del agua tiene que ver con que se perdió el concepto del derecho humano al líquido, expuso también. Los conflictos por el recurso son por la mala distribución: hay industrias que la acaparan, como cerveceras, refresqueras, automotrices y agroindustria.

Consideró que la sequía obedece a que los seres humanos intervienen el ciclo social del agua: las presas cierran el paso a los ríos, hay acueductos y trasvases de una región a otra, empresas utilizan cañones antigranizo para alejar las nubes y proteger invernaderos o productos a la intemperie, a lo que hay que agregar la deforestación. Así hay menos agua y más conflictos.

Escasez en ascenso

En marzo de 2022, el investigador Benjamín Ordóñez, del Instituto Tecnológico de Monterrey, anticipó que a la capital de Nuevo León le quedaban 40 días con agua. Y así ocurrió.

Esa ciudad enfrentó una crisis que obligó a poner en marcha proyectos de emergencia para abastecer el líquido, como el acueducto II de la presa El Cuchillo. Además, sectores industriales debieron ceder parte de sus concesiones.

Las presas de la entidad, El Cuchillo y Cerro Prieto, están por abajo de 50 por ciento de su capacidad, según datos de la Conagua.

También el año pasado, Ordóñez señaló que la Ciudad de México tiene agua del Sistema Cutzamala para dos años y no para 40, como estimaban autoridades, pues los anteriores escenarios predictivos para mediano y largo plazos ya se están alcanzando.

El investigador lamentó que sobre esa cuenca no se haya hecho nada. El Cutzamala tiene ahora en sus tres presas menos de la mitad de almacenamiento, el nivel más bajo del que haya registro. De ahí recibe suministro 33 por ciento de la población del valle de México.

Focos de tensión

López Bárcenas detalló que el abasto de la Ciudad de México muestra el conflicto urbano, pero no el impacto en los pueblos indígenas de la región, que queda oculto. Hay casos como la contaminación del río Coatzacoalcos, que va a dar a las lagunas de Juchitán y de Salina Cruz, donde hay una demanda histórica de los pescadores sin atender.

Entre otros focos de tensión están el de los yaquis por el acueducto Independencia, que lleva agua a Hermosillo, y el del río Verde, en Oaxaca, con una disputa pendiente de solución por el proyecto de la presa Paso de la Reina.

Además, hay diferencias intercomunitarias en Guerrero y Oaxaca, derivadas del acaparamiento del líquido, aunque muchas veces son intereses externos.

En otros casos está viva la intención de privatizar los servicios de agua potable. El Congreso de Querétaro aprobó el año pasado una ley en ese sentido en un contexto de escasez aguda y auge de desarrollos inmobiliarios, industriales y de servicios.

La organización Bajo Tierra Museo del Agua indicó que autoridades en el estado han otorgado concesiones irregulares para el suministro de agua potable.

Aún se atribuye oficialmente a la agricultura 76 por ciento del consumo de agua, a pesar de que concesiones de este sector se transfieren a inmobiliarias y a sectores industriales.

Ha surgido el huachicoleo del agua. Hay compromisos para el suministro del recurso a ejidatarios, aunque en la práctica no les llega. Por ejemplo, si se asigna para tres riegos, sólo entregan para dos, lo que sucede porque los módulos de los distritos de riego venden el líquido por su cuenta, señaló Elizabeth Estrada, integrante de la contraloría ciudadana en la Comarca Lagunera.