l Senado francés aprobó ayer la polémica reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, la cual busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (frente a 42 hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Se espera que la Asamblea Nacional, Cámara baja del Parlamento galo, vote el proyecto el jueves, y hay una alta expectativa de que sea aprobado también en esa instancia.

El plan del mandatario enfrenta un histórico rechazo en las calles, con las movilizaciones más grandes que ese país ha visto en tres décadas para repudiar unas medidas que tocan el corazón de una de las instituciones más apreciadas por el pueblo francés. La oposición va más allá de los sindicatos y los sectores de izquierda, pues estudios demoscópicos arrojan que dos de cada tres ciudadanos rechazan la reforma. El Ejecutivo ha respondido a este malestar generalizado haciendo oídos sordos y negando cualquier posibilidad de reunirse con los representantes de los trabajadores, postura antidemocrática y autoritaria que exacerba el descontento con la impopular medida.

Dejando de lado las deplorables formas de Macron y su gabinete, para entender la discrepancia entre el gobierno y la sociedad francesa, debe recordarse que los sistemas de pensiones solidarios se basan en el supuesto de que hay muchas más personas en edad productiva que dependientes (niños, jóvenes que aún no se integran al mercado laboral, y gente de la tercera edad). Sin embargo, los cambios demográficos de las décadas recientes han contradicho de manera frontal esta premisa: los adultos tienen vidas cada vez más largas y los jóvenes cada vez menos hijos, por lo que no hay suficientes trabajadores aportando a la seguridad social para cubrir el costo de las pensiones, los servicios de salud y otras prestaciones de quienes ya se retiraron. La caída constante en la tasa de fecundidad en casi todo el planeta, y de manera aguda en las naciones avanzadas, no hará sino empeorar la desproporción entre gastos e ingresos de los sistemas pensionarios. Esta crisis es fácilmente observable en España, el país con la tasa de crecimiento demográfico más baja en la Unión Europea. Allí, cada año se presenta una diferencia de 11 mil millones de euros entre lo recaudado y lo que se paga a los jubilados, déficit cubierto por las arcas públicas.

Reconocida la insolvencia como un hecho inobjetable, el debate se ha centrado en las posibles soluciones. La respuesta neoliberal consistió en eliminar sin más los sistemas de pensiones y dejar a los trabajadores a su suerte, obligados a pagar por los servicios de empresas gestoras de fondos individuales de ahorro para el retiro que no garantizan una pensión al finalizar la vida laboral. La propuesta de Macron se encuentra ciertamente lejos de estos extremos de barbarie capitalista, pero no deja de inscribirse en la estela de las políticas que trasladan a los trabajadores el costo de adecuar el modelo a la realidad contemporánea y futura. En esta lógica, se evade cualquier discusión honesta en torno a la insuficiencia de los salarios, la crónica pérdida del poder adquisitivo de los mismos, la colosal concentración de la riqueza que ha tenido lugar bajo el neoliberalismo y la necesidad de establecer un sistema fiscal global capaz de gravar a los grandes capitales a fin de disponer de los recursos precisos para garantizar el bienestar de las mayorías. Asimismo, se omite prever una salida tan asequible como humanitaria: dar la bienvenida a los millones de personas que desean inmigrar a las naciones occidentales, quienes podrían rejuvenecer a la población y a la fuerza de trabajo, a condición de que se les permita integrarse plenamente, sin discriminación y con facilidades para capacitarse en las funciones que los empleadores demandan.

Si la reforma impulsada por Emmanuel Macron prospera ignorando deliberadamente la voluntad popular y sin proponer caminos alternativos para hacer viable el sistema de pensiones, no sólo su administración quedará marcada por el autoritarismo, sino que el carácter democrático del Estado francés quedará en entredicho, pues ningún sistema político que tome decisiones a contrapelo de los deseos de las mayorías puede merecer el nombre de democracia.