En la primera sesión de la etapa intermedia del proceso a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un duro revés. La defensa del ex funcionario logró que se desecharan como pruebas documentos financieros de bancos suizos, por considerar que el Ministerio Público Federal los obtuvo de manera ilegal y se violó el secreto bancario. También se consiguieron ilícitamente los comprobantes de transferencias financieras realizadas por empresas fantasmas controladas por Odebrecht a dos compañías fachadas propiedad de Lozoya, mediante las cuales recibió sobornos por 10.5 millones de dólares.

Asimismo, se excluyeron todas las comprobaciones de las transferencias realizadas en el sistema financiero suizo a sus dos empresas y fueron declaradas ilegales como pruebas las constancias del acuerdo reparatorio que alcanzó la empresa Odebrecht en Estados Unidos, en el cual se conoció a escala internacional la entrega de sobornos que involucró al ex director de Pemex.

Los elementos excluidos para la etapa de juicio son considerados puntos trascendentales en las investigaciones del caso Odebrecht, en el cual, según las indagatorias, Lozoya Austin recibió sobornos para beneficiar a la constructora brasileña.

Disposición

En el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el juez Gerardo Genaro Alarcón López encabezó la diligencia de la etapa intermedia, en la cual Lozoya Austin; su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, y la defensa de ambos plantearon su disposición de cumplir con un acuerdo reparatorio, que a decir de ellos, ya se había alcanzado desde abril del año pasado y no se ha concretado.

Lozoya emitió una declaración en la que aseguró haber cumplido con la FGR los términos para llegar a un acuerdo reparatorio y obtener un criterio de oportunidad. Aseguró que, entre las acciones que el Ministerio Público Federal ha efectuado a partir de su colaboración, están diversas carpetas de investigación, haber llevado a juicio al ex senador panista Jorge Luis Lavalle y las acusaciones contra Carlos Alberto Treviño Morales, ex director de Pemex, que se encuentra prófugo de la justicia. También, la orden de captura contra el diputado y ex dirigente nacional panista Ricardo Anaya.

Desde el inicio de la audiencia, Lozoya Austin aseguró contar con 200 millones de pesos para cubrir la reparación del daño. Gilda Margarita Austin y Solís, quien participó por videoconferencia, aseveró que se le atribuían delitos que ella no cometió y pidió que el Estado no utilice a mujeres como rehenes.

La propuesta de un acuerdo fue rechazada por los representantes de la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El juez Alarcón López dijo: Al no existir acuerdo avanzamos en esta audiencia intermedia.

Entonces, la defensa del ex director de Pemex, encabezada por Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, cuestionó la personalidad jurídica de la UIF y de Pemex, pues ambas instituciones no tienen la condición de víctimas ni afectados por los delitos que se imputan a Lozoya, su madre, su esposa y su hermana, así como una empresaria de bienes raíces.

Sin daño qué cubrir

Los abogados indicaron que ni Pemex ni la UIF han demostrado haber sido afectadas moral, financiera u operativamente por las operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa de los que se acusa al ex director de la petrolera y seis familiares, por lo que pidieron al juez que los desestimara como afectados y determinara a quién depositar los recursos exigidos como reparación del daño para avanzar hacia su liberación. Asimismo, retomaron los señalamientos del Ministerio Público y aseguraron que si las acciones del ex director de Pemex han constituido una amenaza y no un hecho probado no había daño qué cubrir.

Ante la negativa del juez a validar sus aseveraciones, adelantaron que presentarán un amparo y buscarán con este recurso legal que Pemex y la UIF sean declarados sin personalidad jurídica adecuada para obtener la reparación del daño.

Una vez desahogado el punto, el juez declaró abierta la audiencia intermedia a fin de que la FGR presentara de manera sintética la acusación contra Lozoya. Se expuso que éste tuvo acuerdos con representantes de Odebrecht, particularmente con Luis de Meneses Weyll, quien era representante de la constructora brasileña en México y recibió sobornos por 10.5 millones de dólares.

Larga audiencia

El juez quería que la audiencia concluyera en la etapa en que se declara el auto de apertura de juicio contra Lozoya. Sin embargo, la diligencia se fue alargando una vez que llegó la revisión de las pruebas que deben servir para dictar sentencia; fue ahí cuando la defensa del ex funcionario se apuntó triunfos legales y logró que se desecharan documentos considerados importantes para demostrar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

De las 10 primeras pruebas de la FGR cuestionadas por la defensa se aprobaron siete, entre ellas que comparezcan como testigos (aunque sea en videoconferencia) los principales directivos de Ode-brecht, pero tres se desecharon por haberse obtenido ilegalmente, dos por haber violado el secreto bancario y una más por presentar documentación e intervenir comunicaciones privadas en correos electrónicos sin autorización judicial.