remendo escándalo armó la autodenominada oposición, cuando en octubre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó eliminar 109 fideicomisos, de los que el gobierno federal obtendría poco más de 98 mil millones de pesos, amén de que los recursos públicos en ellos contenidos serían transparentados y utilizados para fines socialmente productivos. Por aquellos días, el presidente López Obrador explicó la necesidad de extinguirlos, porque se manejan de manera discrecional, sin transparencia ni fiscalización amén de que contienen multimillonarias cantidades. Entonces, vamos a poner orden.

Claro, en algunos casos lo dineros de esos fideicomisos se utilizaba para entregar recursos a quienes no los necesitan, sólo por ser allegados a quienes mandan o deciden en el gobierno. Hay para todo, con aparatos burocráticos, muchos de ellos, en donde se queda el dinero, no le llega el apoyo a la gente, son aparatos que se fueron creando en el tiempo para duplicar funciones de la administración pública, para no tener ningún control o tener manga ancha y poder manejar los recursos sin fiscalización.

Por aquellos días en este espacio se comentó que la misma clase política que de 1982 a 1994 ovacionó a Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari por extinguir fideicomisos a diestra y siniestra, ahora se retuerce por la desaparición de 109 de ellos, muchos de los cuales se instituyeron de forma por demás opaca con el visto bueno de los hoy quejosos. Sólo como botón de muestra, con ese par en Los Pinos se extinguieron 235 fideicomisos (algo así como el 20 por ciento del universo existente por aquellos años), aunque los panistas –Fox y Calderón– hicieron lo contrario, pues con ellos en Los Pinos crecieron como la plaga, siempre de forma opaca.

Pues bien, La Jornada (Dora Villanueva) informó ayer que casi medio billón de pesos de dinero de origen público, equivalente a 7 por ciento del gasto de la Federación del año pasado, se encuentra en fideicomisos sin estructura orgánica que se manejan bajo el cobijo de diversas dependencias del gobierno federal, empresas productivas del Estado, banca de desarrollo, así como poderes y organismos autónomos, al margen de las reglas de transparencia aplicables a los recursos fiscales, muestran datos de la Secretaría de Hacienda.

Algo más: el resguardo de dinero en instrumentos financieros tiene diversos objetivos, los cuales van desde la estabilización de las finanzas públicas o el apoyo a la inversión productiva, hasta el pago de seguros médicos privados o el mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces. Este último, por ejemplo, al cierre de 2022 contó con disponibilidades 2 mil 305 por ciento más altas que el de apoyo a familiares de mujeres víctimas de homicidio en Juárez, Chihuahua. La actual administración buscó eliminar la mayoría con el inicio de la pandemia de coronavirus, pero muchos de ellos están atados a una legislación, otros apoyan actividades productivas y unos más son mecanismos de emergencia para estabilizar las finanzas públicas, por lo que se acotó a 109 los sujetos a extinción.

De acuerdo con los informes de Hacienda, al cierre de 2022 en los fideicomisos sin estructura orgánica reportados por las dependencias y entidades había 488 mil 823 millones de pesos, sin contar 20 mil 539 millones de pesos más de organismos y poderes autónomos, en su mayoría de entidades judiciales (ídem). Es un mundo de dinero cautivo en fideicomisos que ya no se justifican o, de plano, nunca se justificaron, pero que por el entramado jurídico que implican no pueden tocarse. Aún así, muchos de ellos están proceso de extinción que transitan por una enorme telaraña de requisitos legales que impiden o ralentizan el procedimiento.

En la citada información destacan los fideicomisos destinados a fondos de pensiones y gastos médicos mayores (sin contar a poderes autónomos): casi 84 mil millones de pesos, muchos de ellos destinados a instituciones financieras del sector público (Nacional Financiera, Banobras, etcétera). ¿Para cuándo la limpia?

Las rebanadas del pastel

Si de cochinitos y cochineros se trata, ahí está Emilio Lozoya, quien dice estar dispuesto a pagar 200 millones de pesos para reparar el daño por el caso Odebrecht en el que está involucrado. ¿De dónde? … Resbalón: en su entrega de ayer a la calculadora de México SA se le acabó la pila, pues 700 millones de dólares alegremente los convirtió en 140 mil millones de pesos, cuando en realidad son 14 mil millones. Una disculpa.

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