La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) aclaró que en el ejercicio de mil millones de pesos de recursos federales autorizados a las entidades en el país –transferidos de 2019 a 2022–, se ha contabilizado un subejercicio de 320 millones de pesos de parte de los gobiernos estatales, que no usaron en tiempo y forma esos recursos.

Sobre el particular, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se pronunció en torno a esa incapacidad para hacer útil el presupuesto en las tareas de localización de personas desaparecidas: El ejercicio de recursos destinados a la búsqueda e identificación de personas debe ser bajo altos estándares éticos.

El funcionario, a su vez, resaltó la colaboración entre Alemania y México para las tareas forenses y de identificación, centrada en el análisis de muestras genéticas en ese país europeo y el proyecto de identificación en vida y sin vida a través de huellas dactilares.

Encinas califico de importantes los pasos en la cooperación con Alemania para hacer frente a la crisis de identificación humana. Junto con la @AlemaniaMexi nos reunimos con los centros de medicina forense de las universidades de Frankfurt, Münster y Hamburgo, así como @UNFPAMexico.

Acerca de las partidas destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la CNB aclaró una serie de notas publicadas en distintos medios que le atribuían responsabilidad en el subejercicio de recursos del erario: “De 2019 a 2022 se han otorgado más de mil millones de pesos en subsidios a la mayoría de las comisiones locales de búsqueda para su fortalecimiento. Con dicho recurso, además, se han fortalecido las capacidades forenses en diversos estados.

Ejemplo de ello son los centros de identificación, laboratorios, centros de resguardo temporal de cuerpos y osteotecas. La operación de cada uno de ellos depende de procesos técnicos con estándares internacionales claros que deben ser cumplidos e implementados por cada entidad federativa.

De ahí deviene el subejercicio, refiere el comunicado de la CNB, pues “las entidades federativas han devuelto al erario, a través de la Tesorería de la Federación (Tesofe), más de 320 millones de pesos, al no ejercerse en tiempo y forma, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los procedimientos de adquisiciones propios de cada entidad federativa.

Esas devoluciones varían en cada caso, sostiene la dependencia de la Secretaría de Gobernación, pues algunas se relacionan con no haber culminado en tiempo los procesos de construcción o compra o la falta de autorizaciones por parte de las autoridades locales involucradas.

Hasta el momento, por primera vez desde 2019, la totalidad de las comisiones locales han solicitado el subsidio y 17 de ellas han incluido el tema forense. Por tanto, cabe recordar que, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, los subsidios que se otorgan para acciones de búsqueda son asignaciones de recursos federales previstos en el PEF, mismos que se otorgan a las entidades federativas a través de las comisiones locales de búsqueda de personas.