Para evitar que continúe la pérdida de biodiversidad debido a la tala ilegal, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para sancionar de seis meses a nueve años de prisión a quien desmonte o destruya vegetación forestal o cambie el uso de suelo sin autorización.

Si esas conductas se realizan mediante armas de fuego o cualquier otro medio violento buscando lucro o beneficio económico, la pena de cárcel sería de tres a 12 años; y si las actividades ilícitas afectan un área natural protegida, el mandatario propone hasta 13 años de reclusión.

El proyecto –que plantea reformas y adiciones a los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal referentes a la tala ilícita– fue turnado a comisiones.

Incluye sanciones de dos a 12 años de cárcel a quien transporte, comercie, acopie, almacene o transforme cualquier recurso natural maderable o tierra procedente de suelos forestales sin autorización.

La propuesta excluye de castigo a quienes ocupen madera o leña exclusivamente para uso doméstico dentro de las comunidades rurales.

En la exposición de motivos, el mandatario remarca que México produce sólo 8.3 millones de metros cúbicos de madera, cuando la demanda es de unos 27 millones, por lo que el déficit se tiene que satisfacer con un recurso de procedencia ilícita o con la importación, que en parte es igualmente ilegal.

Señala que el Banco Mundial considera que la tala ilegal es un negocio multimillonario con ganancias que van de 10 mil a 15 mil millones de dólares anuales, aunque otras fuentes estiman que puede ir de 30 mil a 100 mil millones de dólares al año.