a madrugada del domingo, seis jóvenes volvían a sus casas tras pasar la noche en una discoteca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Integrantes del Ejército Mexicano abrieron un nutrido fuego contra la camioneta en que viajaban, causando la muerte a cinco de ellos, hiriendo a otro y dejando un fuerte trauma en el único sobreviviente. En el transcurso de las siguientes horas, los soldados acordonaron la zona y lanzaron repetidas descargas de sus armas al aire o al suelo cuando los vecinos del lugar se acercaron a manifestar su indignación y protestar por la presencia de las fuerzas federales. En momentos de gran tensión, hubo agresiones de los civiles contra los castrenses, quienes respondieron con actos que pudieron derivar en pérdidas adicionales de vidas.
De acuerdo con la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, sus elementos dispararon después de escuchar detonaciones y observar un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, sin placas y con las luces apagadas.
La tragedia debe esclarecerse mediante una investigación expedita, imparcial, objetiva, exhaustiva y transparente, que arroje resultados veraces y determine más allá de toda duda razonable si se trató de un acto en defensa propia –lo que parece muy poco probable–, de un delito imprudencial o de un intolerable abuso de poder. Si esta indagatoria determina la culpabilidad de los militares, todos los involucrados –tropa y mandos– deben ser sancionados de acuerdo con el marco legal y ha de procederse al resarcimiento del daño.
Más allá del ineludible esclarecimiento y las aplicaciones de sanciones a las que pudiera haber lugar, es necesario adoptar medidas para evitar que eventos como el referido puedan repetirse. Esto implica tener presente que, como se ha dicho siempre, los militares no son policías y no deben ser asignados a esas tareas. Para tales labores el país cuenta con la Guardia Nacional, cuerpo creado y entrenado para prevenir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es cierto que, pese a los importantes avances registrados desde su nacimiento hace apenas cuatro años, la corporación todavía no tiene la estructura humana y material para afrontar su misión en todo el territorio nacional, pero esta insuficiencia no puede suplirse de manera indefinida echando mano del Ejército.
Incluso si la investigación demostrara más allá de toda duda razonable que los hechos no se suscitaron como hasta ahora parece y se llegara a establecer la inocencia de los uniformados, este episodio debe convencer a las autoridades de que la consolidación de la Guardia Nacional es una necesidad inaplazable para el funcionamiento de su estrategia de seguridad. Si hay la certeza de que el modelo de paz diseñado con la Guardia Nacional como uno de sus pilares es el adecuado para recuperar la tranquilidad en las amplias regiones del país azotadas por los flagelos gemelos del crimen y la violencia, entonces se deben proveer todos los recursos para afianzarlo y acelerarlo. Demorar el funcionamiento pleno de nueva corporación policial es dañino para el país, para los propios institutos castrenses y para el proyecto de la Cuarta Transformación.
