Juli. Cientos de ciudadanos del sur andino de Perú partieron a Lima para reanudar protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, un reclamo que conmociona al país desde diciembre pasado tras la deposición y arresto del mandatario Pedro Castillo y que ha provocado la muerte de al menos 60 manifestantes.

Habitantes de la localidad de Juli, ubicada en la región de Puno, unos mil 400 kilometros al sureste de la capital, se congregaron la tarde de antier para despedir a un grupo de unas 140 personas que partieron a bordo de dos autobuses. Con mochilas y frazadas, y ondeando banderas peruanas, además de otras con emblemas regionales y el nombre de su localidad, los manifestantes, en su mayoría hombres, fueron despedidos con vítores y aplausos antes de subirse a los vehículos.

Nuevamente, el viaje que nos hemos programado es (para) estar presentes en las luchas pacíficas en la ciudad de Lima, dijo a la agencia noticiosa Afp Emilio Clavitea, trabajador de la construcción de 55 años. Otros 250 ciudadanos de la localidad de Ilave, de la misma región, partieron el mismo día con dirección a Lima, confió a la Afp una fuente en esa zona, que añadió que se registraron movilizaciones similares en otras cuatro localidades.

Esta es una de las primeras caravanas organizadas desde mediados de enero pasado, cuando miles de peruanos viajaron desde diversas regiones del sur andino hacia la capital para manifestarse en contra del gobierno de Boluarte. Las masivas movilizaciones iniciaron el pasado 7 de diciembre, tras la deposición y arresto de Castillo a 18 meses de prisión preventiva por la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

El Poder Judicial desestimó un recurso de habeas corpus que buscaba anular la prisión provisional del líder izquierdista, acusado por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión simple.

Ayer, la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra el ex presidente, además de sus entonces ministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, por presuntamente liderar una organización criminal destinada a cometer diversos actos de corrupción, incluidos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.