La propuesta de ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Tlaxcala que se encuentra en comisiones en el Congreso estatal, presentada por Morena, no garantiza el derecho humano al vital recurso, ya que lo condiciona a la existencia de infraestructura y hasta plantea la suspensión del servicio por falta de pago, advirtieron organizaciones.

Señalaron que el proyecto no señala que 80 por ciento de los municipios son parte de la Cuenca del Alto Atoyac, región considerada en emergencia sanitaria y ambiental, con alto impacto por la contaminación de los ríos sobre la salud de la población.

Además, ignora que el acuífero del Alto Atoyac, entre 2013 y 2020 tuvo disminución de 37 por ciento respecto a 2013, según investigaciones del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales.

La iniciativa quita la responsabilidad a las industrias sobre el tratamiento de sus aguas residuales, a pesar de ser el sector que vierte las sustancias más tóxicas a los cuerpos de agua, y en cambio se centra en plantear el tratamiento a través de organismos operadores, los cuales se podrán concesionar con la posibilidad de dar paso a un proceso de privatización del tratamiento de aguas residuales, explicaron el Centro Fray Julián Garcés, Por un Atoyac con Vida, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena y Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco.

Recordaron que el 14 de febrero en la novena sesión ordinaria del Congreso de Tlaxcala, la diputada Marcela González Castillo (Morena), presentó la propuesta referida y fue turnada a comisiones.

Advirtieron que la iniciativa, además de no ser garante del derecho humano al agua individual y colectivo, que establece la Constitución, es violatoria. Sólo en la exposición de motivos señala que la Organización Mundial de la Salud estableció que son necesarios de 50 a 100 litros de agua por persona al día, para garantizar coberturas básicas, pero este organismo ha señalado esa cantidad como un acceso intermedio que aún presenta riesgos para la salud.

Dijeron que el planteamiento de la suspensión del servicio por falta de pago, ubica al agua como mercancía. La propuesta centraliza y desconoce la gestión y administración del agua en las comunidades a través de sus comités, los cuales han garantizado por décadas a los habitantes el abasto de agua potable.