Las transferencias monetarias, como las pensiones y programas, sí han ayudado a algunos de los grupos poblacionales, porque además han sido complementadas con la política de salario mínimo, pero desde el enfoque integral de derechos, se requieren robustecer con intervenciones de salud, educación y esquemas de protección social, planteó José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En entrevista con La Jornada, dijo que esta estrategia de transferencias en efectivo es un muy buen punto de partida, más aún porque se han universalizado algunos de los programas sociales e incrementado sus montos, pero insistió en que se deben complementar a mediano o largo plazo con intervenciones en salud, educación y trabajo.

Esa tarea no sólo debe venir desde la Federación, sino también desde los municipios y estados; como ejemplo, citó formas adicionales de cubrir el derecho a la alimentación. “Algunas de las transferencias ayudan a complementar el ingreso de los hogares más pobres, lo cual permitiría hipotéticamente mayor beneficio en términos alimentarios.

Nuestra recomendación radica en que estados y municipios desarrollen comedores comunitarios, entrega de despensas o incluso de vales de comida en los municipios con mayores niveles de pobreza, y que refuercen la intervención federal.

Sobre la pobreza urbana, la cual reportó un alza durante la pandemia, dijo que está directamente ligada con los ingresos laborales.

Experimentan pobreza laboral quienes no pueden costear sólo con los ingresos de su trabajo el valor de la canasta básica alimentaria. Así, la pobreza laboral rondaba 36 por ciento de la población que habitaba en áreas urbanas del país para el primer trimestre de 2020, pero para el tercer trimestre de ese mismo año se incrementó hasta 46 por ciento, y a partir de ahí empezó una recuperación.

Datos del Coneval indican que entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022 hubo una disminución de la pobreza laboral de 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 40.3 a 38.5 por ciento, y el ingreso laboral real per cápita tuvo un incremento anual de 4.3 por ciento, ya que pasó de 2 mil 745.32 pesos a 2 mil 862.65 en el mismo periodo. Esto ocurrió de manera paralela a un alza en el número de ocupados de 1.7 millones de personas.

Añadió que en la peor parte de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 aumentaron los niveles de pobreza laboral urbana, debido a que fueron las ciudades donde tuvimos una mayor contracción de las actividades económicas del sector servicios, sobre todo en la parte turística; por ejemplo, en Quintana Roo, Baja California, Guerrero e incluso en la Ciudad de México hubo una contracción importante del mercado laboral en el segundo trimestre de 2020. Esto explica por qué del primer al tercer trimestre de 2020 se dio un incremento de pobreza laboral en el ámbito urbano.

El último reporte del Coneval indica que no sólo la pobreza laboral urbana, sino también la rural, experimentó una diminución anual, al pasar de 54.8 a 52.3 por ciento.