Quito. El gobierno de Ecuador lamentó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) abandonara las mesas de diálogo instaladas en junio pasado, tras un paro de casi un mes e intensas protestas que dejaron al menos seis muertos, y calificó la medida como antidemocrática.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, descartó al mismo tiempo que se hayan incumplido los acuerdos firmados con líderes de la Conaie, surgidos de las protestas sociales que pusieron en aprietos al presidente Guillermo Lasso.

Aseguró que desde el gobierno no rompemos diálogo alguno con ningún sector, pues consideramos dicho proceso un instrumento fundamental para la estabilidad y la prosperidad.

La Conaie y sus organizaciones de base, reunidas antier en Quito, resolvieron abandonar las mesas de diálogo que instalaron con el gobierno en junio de 2022, tras un paro de casi un mes.

El movimiento llamó a las guardias comunitarias a estar alertas en la defensa de sus territorio ante el avance de proyectos de empresas mineras que son lesivos para su entorno y pidió al Legislativo enjuiciar políticamente al mandatario. También convocó a una gran movilización para finales de marzo, cuando planean entregar un proyecto de ley para la defensa de los recursos hídricos.

Cucalón aseguró que toda movilización pacífica será garantizada por el gobierno en respeto a la Constitución, convenios internacionales y los derechos humanos.

Pliego petitorio

Las mesas de diálogo abordaban una decena de temas referentes a la focalización de los precios de los combustibles, la condonación de créditos productivos y la suspensión de entrega de licencias mineras, así como la atención a la agenda social de salud y educación, entre otros.

De acuerdo con el gobierno, hasta ahora se ha duplicado el presupuesto para la educación intercultural bilingüe; se entregaron créditos por 120 millones de dólares, se restructuraron las deudas de hasta 3 mil dólares y se analiza la segmentación de los costos de la gasolina y el diésel.

Pero los líderes indígenas sostienen que no existe voluntad política del gobierno y que ha continuado avanzando con sus políticas neoliberales, que violentan nuestros derechos.