El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, resaltó la importancia de acatar las resoluciones de este máximo tribunal.

No hacerlo es un golpe a la independencia e imparcialidad de quienes resuelven pacíficamente las diferencias; peor aún, conduce al abuso de la autoridad por encima de los derechos de la ciudadanía.

Durante la presentación del informe de labores 2021-2022 de la Sala Regional Xalapa de este Tribunal, se refirió al desarrollo democrático del país en las tres décadas recientes.

El TEPJF, indicó, tiene la misión de garantizar el equilibrio de poderes y el acceso de forma pacífica a estos poderes públicos, así como afianzar el Estado democrático de derecho.

La historia nos ha demostrado que la manera más eficaz de evitar que el poder público se convierta en poder absoluto es contar con mecanismos de frenos y contrapesos, como son las cortes, señaló.

Sin mencionar casos específicos, recalcó que para los jueces las normas deben estar por encima de cualquier interés económico o político, porque la justicia electoral es una promesa de estabilidad del país.

Y si bien la fuerza del Tribunal Electoral está en la calidad de sus sentencias, su efectividad requiere que los actores políticos acaten esas decisiones.

Sin embargo, el magistrado presidente dijo que las cortes, los tribunales no disponen de medios de coerción para obligar a que sus decisiones se acaten.

Por tanto, acotó, es una receta de la democracia el cumplimiento voluntario al pacto constitucional y, en consecuencia, su incumplimiento significa una receta para llevar a la democracia al ocaso.

De tal manera que el equilibrio democrático sólo puede garantizarse cuando quienes detentan el poder público cumplen, sin excepción, la ley y las sentencias.

Hacia el final de su mensaje expresó que la única forma de evitar que los conflictos rebasen el marco institucional democrático es contando con un TEPJF honesto, íntegro, confiable e incorruptible.

Así, el acatamiento de las sentencias permite que se defiendan las condiciones de igualdad y libertad en la participación política y que se sancionen las malas prácticas, como el fraude electoral y la impunidad.