Guebert: EE. UU. puede tener fuerza en una lucha comercial,México puede tener la ley

Si su mejor cliente internacional, alguien que representa el 27% de sus ventas en el extranjero, le dio tres años para cambiar la receta de lo que le compra, se podría pensar que es una apuesta segura que trabajarían juntos para satisfacer sus necesidades y plazos.

Sin embargo, no; los grandes agronegocios, están empujando, presionando e instando a la administración de Biden a exprimir a México "el mercado de exportación de maíz más grande de Estados Unidos" para que abandone su plan de prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado (GM) para 2024.

El enfrentamiento, de más de dos años, se está calentando a medida que EE. UU. y México apuntan a la soberanía nacional y, al mismo tiempo, sostienen que están siguiendo las reglas de comercio internacional que ambos acordaron en el Acuerdo de 2020 entre EE. UU., México y Canadá (T-MEC).

Por su parte, México ha “buscado promover la biodiversidad de las variedades mexicanas de maíz y reducir el herbicida glifosato para proteger la salud pública”, escribió Sharon Anglin Treat, abogada senior del Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP), en marzo pasado. México emitió un “decreto presidencial” el pasado 31 de diciembre de 2020, que pedía “la eliminación gradual del glifosato y el maíz genéticamente modificado para enero de 2024”.

Cuando se hizo evidente que México quería implementar lo que había estado diciendo durante dos años, los gremios de agronegocios de EE. UU. se pusieron en marcha para obligar al Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) a hablar duro con sus homólogos mexicanos.

Cuando el músculo falló, la pandilla de los agronegocios se volvió inteligente: encargó un estudio económico denso que mostró, para sorpresa de nadie, cómo una prohibición mexicana del maíz transgénico estadounidense causaría “impactos catastróficos en los agricultores estadounidenses y canadienses y en la propia seguridad alimentaria de México”. señaló Tim Wise, asesor principal de IATP e investigador principal de la Universidad de Tufts, en una revisión del informe en enero:

“Proyectó aumentos masivos de precios, caos en el mercado y miles de millones de dólares de pérdida de producción para los productores de maíz de EE. UU. México vería caer su producción económica en 19,390 millones de dólares, con una pérdida anual de 56,958 empleos, reduciendo los ingresos laborales en 2,990 millones de dólares”.

Pero, aconsejó Wise, “no crea ni una palabra” porque si bien el estudio está “atribuido a una ‘coalición de partes interesadas líderes en alimentos y agricultura’” en ambas naciones, “en realidad fue encargado por CropLife, la asociación comercial de biotecnología y exagera enormemente los impactos de la prohibición”.

Sin embargo, las cifras “catastróficas” del informe motivaron a algunos políticos de estados agrícolas a “expresar su preocupación” por el plan de México, años después de que fuera anunciado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Muchos, como el representante de Iowa Randy Feenstra, exigieron que el USDA “responsabilice al gobierno mexicano por prohibir las importaciones de maíz biotecnológico en violación del T-MEC…”

A mediados de diciembre, una delegación mexicana estuvo en Washington, D.C. para discutir la propuesta de prohibición del maíz transgénico, ofreció “retrasar la fecha límite de enero de 2024 hasta 2025 y tal vez más allá, para el maíz forrajero”, señaló Wise en su artículo de enero.

Un mes después, en una cumbre trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá, el presidente Joe Biden planteó la prohibición pendiente del maíz transgénico con el presidente López Obrador. Biden, sin embargo, fue cortésmente, pero con firmeza, rechazado.

México se mantiene firme porque, en primer lugar, ya ha ofrecido retrasar su fecha límite de maíz GM un año, hasta el 1 de enero de 2025 y, en segundo lugar, ha señalado que discutiría una prohibición de importación de maíz GM utilizado solo para consumo humano mientras permitiría maíz transgénico importado para alimentar al ganado. Si se pudiera llegar a ese acuerdo, eliminaría la mayor parte, tal vez la totalidad, de la prohibición del 95% del maíz estadounidense que ahora se exporta a México.

Además, varios abogados comerciales como Anglin Treat creen que el acuerdo comercial T-MEC le da a México todo el derecho a “tomar lo que considere medidas de precaución apropiadas para proteger la salud pública y el medio ambiente”, incluida la “prohibición de la biotecnología agrícola”.

Para evitar una pelea aún mayor, y tal vez una gran pérdida, sobre el lenguaje del T-MEC, EE. UU. debería tomar lo que México ofrece ahora: un año adicional para negociar un acuerdo de maíz transgénico para alimento que aseguraría una parte abrumadora de las exportaciones actuales de maíz de EE. UU. a su mejor cliente.

Después de todo, el cliente siempre tiene razón, incluso cuando solo tiene razón en un 95%. •