En el contexto del 27 aniversario de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (16 de febrero), la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) lamentó que no haya avance concreto en el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas.

América Huerta Espino, comunera perteneciente a la agrupación y ex integrante del primer consejo de gobierno indígena en la comunidad de Nahuatzen, Michoacán, señaló a La Jornada que los acuerdos han quedado en el olvido por parte de los gobiernos. Criticó que la reforma constitucional en materia indígena esté atorada, lo que demuestra que los compromisos con las comunidades originarias sólo se quedan en el discurso.

Añadió que había expectativa de cambios sustanciales con el actual gobierno federal. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el bastón de mando hizo compromisos con las comunidades, pero así se quedó. Tenemos la certeza de que con la reforma constitucional, las comunidades estarían más protegidas.

Resaltó que los Acuerdos de San Andrés fueron traicionados en la contrarreforma constitucional de 2001, en la que el ejercicio de los derechos indígenas quedó supeditado al control e interpretación de las entidades federativas, y los pueblos fueron relegados a la condición de sujetos de interés público.

En paralelo, siguieron avanzando políticas y leyes para imponer el modelo neoliberal, y ejemplos de estos instrumentos legales del despojo son las leyes minera, de aguas y agraria, entre otras. Así se impusieron megaproyectos en territorios ancestrales y en propiedad social, que han sido la principal causa de violaciones a derechos humanos, la violencia, la conflictividad social y agresiones y crímenes hacia las poblaciones indígenas.