a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció que separó de su cargo a 11 funcionarios por su presunta colusión con el sector regulado
. De acuerdo con un comunicado divulgado ayer, los servidores públicos responsables de analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas y en sustancias y productos de suma importancia, como plaguicidas
destruyeron información, filtraron proyectos de modificación a normas y reportaron de manera periódica las actividades del organismo a una ex funcionaria de alto nivel que en la actualidad es titular de una empresa gestora de trámites de asuntos relacionados con la salud.
En septiembre de 2021, otro operativo resultó en el cese de 32 funcionarios, desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores, denunciados como miembros de una red de corrupción que había secuestrado a la dependencia e instalado lo que su titular, Alejandro Svarch Pérez, denominó tres sótanos de oscuridad
: la eliminación de la competencia al entregar autorizaciones al mejor postor
, una red de extorsionadores disfrazados de funcionarios públicos
y el manejo del comercio exterior y la industria farmacéutica por grupos de interés que ni siquiera disimulaban la total identidad entre reguladores y regulados.
Ante la evidencia de que funcionarios actuaban como verdaderos espías para una persona que saltó de un puesto de mando en la Cofepris a una empresa vinculada al sector regulado por la propia comisión, debe recordarse que México ya disponía de una herramienta legal para combatir estas conductas lesivas para el interés público y el bienestar general: el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en el cual se establecía la prohibición de que, en los 10 años posteriores al fin de su encargo, los ex servidores públicos de alto nivel laborasen en empresas que hubieran regulado, supervisado o respecto de las cuales hubiesen tenido información privilegiada. Sin embargo, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esa disposición por considerar que restringía desproporcionadamente la libertad de trabajo
. El proyecto de resolución que perpetuó este libertinaje corrupto fue propuesto por la hoy presidenta ministra de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y aprobada por unanimidad por sus compañeros.
Además de redes de corrupción interna y la infiltración de agentes al servicio de intereses privados, la Cofepris enfrenta una auténtica guerra jurídica por parte de las empresas a las que regula. Sólo el año pasado, debió encarar casi 14 mil juicios promovidos por firmas inconformes por habérseles denegado alguna autorización, o que buscan acelerar con base en sentencias procedimientos de índole técnica. En su afán de beneficiar a la iniciativa privada, algunos jueces se comportan de manera tan irresponsable que han dictado sentencias ordenando a la Cofepris otorgar un determinado permiso. Es imposible exagerar el peligro de suplantar los dictámenes de especialistas con un liso y llano abuso de autoridad cuando se trata de una institución por cuyas manos pasan desde los alimentos que se consumen todos los días hasta los medicamentos más especializados.
En un organismo como la Cofepris, erradicar la corrupción se convierte en un verdadero asunto de seguridad nacional, pero ganar esta lucha es poco menos que imposible cuando el Poder Judicial cobija a los corruptos y despoja al Estado de instrumentos básicos para proteger a la población de los peligros de una regulación deficiente.
