Jerusalén. El Parlamento de Israel adoptó ayer una ley que permite privar de la nacionalidad o revocar el permiso de residencia a personas reconocidas como culpables de terrorismo en caso de que compruebe que reciben fondos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), decisión calificada de racista por la comunidad árabe debido a que podría afectar a cientos de sus miembros.

El texto fue adoptado por abrumadora mayoría, con 94 votos a favor y 10 en contra, lo que muestra un acuerdo entre la nueva coalición gubernamental encabezada por el premier, Benjamin Netanyahu, integrada por partidos ultraortodoxos y ultraderechistas, y algunas de las formaciones opositoras. La norma se amplía en Jerusalén Este, zona que el gobierno israelí ocupó en la guerra de los Seis Días de 1967, y luego se anexó.

Las personas afectadas podrán ser expulsadas hacia los territorios controlados por la ANP en Cisjordania reocupada o hacia la franja de Gaza, controlada por el movimiento islamita palestino Hamas desde 2007.

Las autoridades palestinas ofrecen desde hace varios años remuneraciones a numerosas familias de prisioneros o detenidos, incluido los condenados por matar a israelíes, al considerar estas ayudas como una forma de seguro social para los más necesitados. El gobierno israelí argumenta que las ayudas económicas recompensan la violencia e incentivan a los palestinos a perpetrar ataques dentro de su su territorio.

Esta ley podría afectar a varias decenas de árabes israelíes y cientos de residentes de Jerusalén Este condenados en Israel, destacó la ONG de defensa de derechos cívicos HaMoked. Unos 4 mil 700 palestinos están presos por infracciones de seguridad, de los cuales 360 son ciudadanos israelíes o residentes de Jerusalén Este, detalló la organización.

Nuestra respuesta al terrorismo es golpearlo con fuerza, tuiteó Netanyahu tras el voto de la ley.

Si bien Israel considera que toda Jerusalén es su capital indivisible, su anexión del sector oriental no cuenta con reconocimiento internacional. La mayoría de los palestinos en este punto cuentan con residencia israelí, con lo cual pueden trabajar, viajar y recibir servicios sociales, pero no tienen ciudadanía, lo cual les permitiría votar.