stamos a dos días del aniversario 27 de la firma de los acuerdos de San Andrés. Nos equivocaremos si los descalificamos con la mirada puesta en las traiciones sucesivas por la parte estatal; ciertamente no se olvidan y, sin embargo, se trata de un documento que marcó una etapa clave en la lucha de los pueblos indígenas. Como insisten los zapatistas, construya su autonomía cada quien según su geografía y posibilidades, a su modo, pues. He insistido en que rompamos con la tentación de las efemérides, porque igual que tenemos un 16 de febrero de 1996, éste fue precedido por el 9 de febrero de 1995, que no tuvo nada que ver con la Marcha de la Lealtad que recientemente evocó el gobierno federal; esos son otros datos históricos, porque el de 1995 sí que significó una traición mayúscula y golpe artero al proceso de paz que se pretendía reiniciar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues los llamados diálogos de Catedral habían quedado en el limbo con la crisis que significó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. Bien sabemos que la crisis que generó el golpe de ese 9 de febrero llevó a construir un andamiaje legal para el proceso de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal en cuyo marco se firmó el documento de la mesa uno que en los hechos derivó en la mesa única, pues hasta hoy está suspendido el diálogo y no hubo desde septiembre de 1996 visos serios de intentos de retomar el camino del diálogo, cuyo intento se dio en el foxismo en 2001 y, ante la contrarreforma indígena, el EZLN se replegó a la construcción de sus espacios autonómicos. Los pueblos en el resto del país se sumaron a esa construcción en los hechos, enfrentando al Estado que, en su lógica neoliberal, aprobó todo un andamiaje constitucional y legal para el despojo, en especial con las reformas minera y energética. Ni qué decir que la agenda de paz y reanudación del diálogo no ingresó a la llamada Cuarta Transformación.

Un elemento clave es ubicar que los llamados diálogos de San Andrés tuvieron un resultado más allá del documento incumplido y lo fue la creación del Congreso Nacional Indígena (CNI), en octubre de 1996, lo que marcó hasta hoy la muy estrecha relación del EZLN con el movimiento indígena de buena parte del país, que no se agrupa en ese espacio. También se definió una agenda anticapitalista y antipatriarcal, con alcance y horizonte más amplio de lo que perfilaban los acuerdos referidos. Por otra parte, hoy los integrantes de las organizaciones de los pueblos indígenas no necesariamente conocen el texto de los acuerdos, pero sí participan del eje de construir la autonomía en los hechos y con base en los derechos que emanan de vertiente internacional ante las carencias y contradicciones del derecho nacional y del Poder Judicial. La clave está en la organización para avanzar en esa línea.

El momento actual de la lucha de los pueblos indígenas se da en un contexto marcado por la violencia contra sus territorios que con frecuencia han sufrido despojos ante la escalada de concesiones mineras de 2006 a 2018, por ejemplo, cuyos plazos rebasan con mucho el periodo sexenal en curso. Lo de hoy es la imposición de megaproyectos en curso como el llamado Tren Maya, el Corredor Interoceánico o el Proyecto Integral Morelos. La pinza se cierra con los programas sociales que se individualizan y en los hechos dividen a comunidades que intentan fortalecer la vida colectiva a través de sus espacios de gobierno propio. Todo ello, además de enfrentar la expansión y consecuente agresión de grupos delincuenciales sin que obtengan de parte estatal la protección para detener la abierta impunidad con que actúan. Ejemplos: en Michoacán los muy recientes crímenes de guardias comunitarios de Ostula y Aquila, la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Guerrero, pleno de violencia contra comunidades. Chiapas, agresiones a bases de apoyo zapatistas. Estos trazos son el telón de fondo en el que se desarrolla la resistencia de los pueblos y la lucha por la vida, cuya evidencia concreta la tenemos en las actividades previstas hasta los primeros días de mayo próximo. A partir de todo ello definirán los rasgos de la siguiente etapa de su lucha que, señalan, no se mide por sexenios, ni con el calendario electoral.

Los próximos 4 y 5 de marzo el CNI realizará en Tehuacán, Puebla, su asamblea nacional “frente a la creciente violencia del narcoestado y la imposición de megaproyectos” y los días 6 y 7 de mayo será el encuentro internacional El Sur Resiste 2023, que será precedido por una caravana que saldrá el 25 de abril de la costa de Chiapas, recorrerá el Istmo de Tehuantepec de sur a norte para seguir en la península de Yucatán y terminará con dicho encuentro en el Cideci/ caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Como vemos, en el CNI retoman el pensamiento zapatista de lograr lo imposible, porque de lo posible ya se habló demasiado.