s probable que lo más destacado del cierre de la batería de testigos contra Genaro García Luna haya sido el silencio de éste. Aun cuando no puede aplicarse de manera automática el dicho de que el que calla otorga, resultó significativo que el ex secretario de Seguridad Pública hubiese explorado, a través de sus abogados, la posibilidad de defenderse por sí mismo ante el jurado, aunque solicitando al juez del caso que garantizara una restricción anticipada contra eventuales preguntas de los fiscales.

El tema principal del que García Luna pretendía quedar blindado es justamente el que en la experiencia mundial y, en especial en la mexicana, suele denotar las prácticas corruptas desde cargos públicos: la adquisición de bienes, sobre todo inmobiliarios, en la época de poder político o administrativos de los acusados o en operaciones posteriores.

El ex secretario felipista no subió al estrado de los testigos porque tuvo temor de que los fiscales aprovecharan el viaje para preguntarle de su riqueza acumulada e incluso, tal vez, mostrar imágenes de los inmuebles y bienes que en otra fase del proceso el juez no había permitido se exhibieran si los fiscales no probaban claramente que su compra provenía de actos de corrupción. Ahora, en una eventual autodefensa de Genaro, y dado que el juez había advertido que no podía prohibir a priori ninguna pregunta, los fiscales podrían haber abordado ese y otros temas. Ante ello, el ex policía mexicano prefirió el silencio.

Por lo demás, el testigo significativo, Jesús Zambada García, apodado El Rey (hermano del hasta ahora inaprehensible Ismael, El Mayo, histórico jefe silencioso de una facción de poder fluctuante en el cártel de Sinaloa), reiteró ayer que personalmente entregó millones de dólares a García Luna y entró en detalles como la compra de plazas en la estructura policiaca para que desde ahí ciertos enviados favorecieran al cártel patrocinador.

Ya en el tramo final del juicio, la incógnita mayor reside en el valor que los miembros del jurado darán a los testimonios en sí, sin mayores pruebas documentales o grabadas. Vale señalar que, a fin de cuentas, lo que cada integrante del jurado tomará en consideración es la verosimilitud de lo dicho por los testigos, con independencia de la condición criminal o procesal en que se encuentren o se hayan encontrado. Lo cierto es que la abundancia de datos y detalles aportados por ellos describen en términos mayúsculos la existencia de un narcogobierno, el calderonista, al servicio de un cártel favorito.

Además de los resolutivos del caso, ha quedado de manifiesto que durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón se desarrolló una espiral sumamente perniciosa de violencia y corrupción en la que participaron altos funcionarios y cuyas evidencias no podían ser ignoradas por los ocupantes de los máximos cargos públicos de esos sexenios.

En otro tema: preocupante el giro regresivo del presidente López Obrador en cuanto a glifosato y maíz transgénico. Ayer, a unas horas de que venciera el plazo dado por el gobierno de Estados Unidos para que México puntualizara los fundamentos científicos de las restricciones decretadas en 2020 (respuesta mexicana que muy probablemente habría sido llevada a litigio internacional), el propio López Obrador emitió otro decreto que relativiza las prohibiciones anteriores al abrir una puerta para que el maíz transgénico pueda ser utilizado para la alimentación de animales y procesos industriales de consumo humano. Además, establece un periodo de transición para prohibir totalmente el uso de glifosato que durará hasta el 31 de marzo de 2024.

Y, mientras el magistrado presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, le entra a las suspicacias en cuanto a la elección de consejeros del INE al promover que haya lupa ciudadana en cuanto al perfil de ellos (en consonancia con el discurso de Lorenzo Córdova), ¡hasta mañana!

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