Lima. Al menos seis de las 10 personas abatidas por fuerzas militares en una protesta en la ciudad de Ayacucho el pasado 15 de diciembre fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por efectivos que los siguieron hasta fuera de la pista de de aterrizaje del aeropuerto, la cual los manifestantes intentaron tomar durante las movilizaciones para exigir la renuncia la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, informaron varios medios locales.

Este caso que investiga la fiscalía cobró notiedad luego de que IDL-Reporteros (https://www.idl-reporteros.pe/) publicó un video que revela que seis de las 10 víctimas murieron por disparos de militares que los persiguieron tras desalojarlos de la pista de aterrizaje, señaló el diario La República, que destacó que ya había dado cuenta de que los caídos no recibieron los impactos de bala durante el intento de toma del aeropuerto.

Los periodistas Rosa Laura y César Prado reconstruyeron cómo fueron asesinados extrajudicialmente Josué Sañudo, Edgar Prado, Clemer Rojas, Cristofer Ramos Aime, José Luis Aguilar Ycra y Leonado Huancco, destacaron La República y El Comercio.

La investigación periodística pudo determinar que en los seis casos investigados los que dispararon fueron militares, así como quienes estuvieron al mando del operativo.

El Ministerio Público señaló después de la divulgación del video que la fiscalía provincial especializada ha obtenido 147 videos de las municipalidades y viviendas cercanas al lugar de los hechos. También se han recabado informes sobre el número de personal policial y militar que participó en las operaciones del 15 de diciembre.

El portal El Búho precisó que en el caso de Clemer Rojas, joven músico integrante de la comparsa Los Huaraqueros de Quinua y estudiante de mecánica automotriz, una cámara de seguridad revela que quienes lo intentaron auxiliar fueron dispersados a balazos por elementos del ejército. El cuerpo de Clemer quedó tendido en la pista a vista de los militares.

Agregó que uno de los posibles responsables de esta matanza sería el general Antero Mejía, jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, y el general Jesús Amarildo Vera Ipenza, comandante general de la segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, y están sindicados como presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de homicidio calificado.

Ni el gobierno de Boluarte ni las fuerzas armas se pronunciaron al respecto. La represión a las protestas que se desataron tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, el 7 de diciembre, han dejado unos 60 muertos.

En tanto, Boluarte anunció una lucha frontal contra el narcoterrorismo en el sepelio de siete policías, que su gobierno asegura que fueron abatidos en una zona donde operan narcotraficantes en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.

Los agentes fueron emboscados el sábado cuando pasaban por un poblado en la remota región andina denominada Vraem, Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, según el Ministerio de Interior.

Mi gobierno ha dispuesto una lucha frontal, y la más decidida, contra esa alianza formada por el terrorismo y el narcotráfico en el Vraem y en todo el territorio nacional, indicó Boluarte en un homenaje ante los féretros de seis de los siete efectivos de la Policía Nacional asesinados.

En el Vraem, región montañosa del tamaño de Puerto Rico, se produce 75 por ciento de la cocaína del país sudamericano y es el centro de constantes operaciones de las fuerzas de seguridad contra presuntos miembros de Sendero Luminoso, que según la policía actúan como guardaespaldas de los narcotraficantes.