Chilpancingo, Gro., El desplazamiento forzado de pueblos enteros en Guerrero, que afecta a más de 25 mil personas, es ocasionado por un modelo de economía criminal que se ha instaurado en el estado, con negocios ilícitos en los cuales se usa a grupos delictivos para el control, aseveró Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En entrevista, aseguró que este fenómeno es provocado también por disputas por los bosques y proyectos mineros, así como por la violencia ligada al narcotráfico, que busca apoderarse de territorios y rutas para el trasiego de drogas.

También, dijo el antropólogo, por el dominio de giros comerciales como la producción de bienes que tienen que ver con la madera, el mezcal, la carne, refrescos y cerveza; todo se transforma en un negocio dentro de la economía criminal.

Los desplazamientos son parte de la violencia intracomunitaria, provocada por la disputa territorial, que además está vinculada con intereses macroeconómicos, ya sea mineras, lo que tiene que ver con riqueza forestal y rutas de narcotráfico, puntualizó.

Este problema tiene su origen en las políticas de contrainsurgencia que aplicó el Ejército Mexicano entre 1969 y 1979 para desmantelar las estructuras sociales de los pueblos, que cobró la vida de muchas personas y causaron terror.

Abel Barrera, quien en 2010 recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, recordó la Operación Telaraña, estrategia militar para exterminar a la guerrilla de Lucio Cabañas y los brotes de insurrección en territorio guerrerense.

La persecución contra luchadores sociales y la guerrilla provocó desapariciones y desplazamientos masivos de familias; arrasaron con caseríos, como sucedió en Tlaxcalixtlahuaca, municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica, refirió.

El director de Tlachinollan aseveró que la siembra de enervantes en La Montaña, como la amapola, para hacer el gran negocio de los estupefacientes, se dio a partir del arribo de las fuerzas castrenses.

Consideró que lo peor ha acontecido en los últimos años, ya que debido a la presencia de los grupos delincuenciales ha ocurrido un desplazamiento silencioso de miles de personas en la Tierra Caliente, la Sierra, la Costa Grande y las zonas norte, centro y Montaña.

En este contexto, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos de Chilapa de Álvarez dio a conocer que el desplazamiento forzado interno en Guerrero podría llegar a 30 mil víctimas este año.

Recordó a la gobernadora morenista Evelyn Salgado que de 2016 a 2021 sumaron 22 mil 840 desplazados, a los que habría que sumarle más de 2 mil 500 de 2022 y los que van de enero de este año.

Según la organización no gubernamental, Guerrero concentra 50 por ciento de los desplazados que hay en el país, con más de 25 mil. Es previsible que habrá más incursiones, enfrentamientos y masacres, y por ello la cifra se incrementará.

Hace unos días, las autoridades estatales informaron que realizaron cinco acciones de atención inmediata y permanente a 17 grupos de desplazados, integrados por 2 mil 573 personas de 755 familias, a fin de generar condiciones que permitan reconstruir el tejido social y reintegrarlas a la vida productiva de la entidad.