La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local aprobó el dictamen por el que se reforma el anexo 2 del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023.

Por su parte, en sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Xóchitl Bravo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Democráticas, indicó que ante la falta de disponibilidad de espacios en las alcaldías Alvaro Obregón y Benito Juárez, los foros para la capacitación en materia de presupuesto participativo 2023-2024 se realizarán en espacios públicos de estas demarcaciones.

Por lo que toca al dictamen de la Comisión de Cuenta Pública, este responde a una iniciativa de la presidenta de la comisión, Valentina Batres, y al oficio del 5 de enero de 2023, por medio del cual el secretario ejecutivo del Instituto Electoral local (IECM) informó al presidente de la mesa directiva del Congreso que derivado de una revisión realizada al citado anexo, se advirtió una omisión de 27 unidades territoriales que se encuentran enlistadas en el marco geográfico de participación ciudadana aprobado por el Consejo General del instituto en octubre pasado.

Al leer el dictamen, Batres indicó que de las 27 unidades territoriales omitidas, una se encuentra en Álvaro Obregón, 11 en Coyoacán, una en Cuajimalpa, dos en Iztacalco, dos en Iztapalapa, cinco en Miguel Hidalgo, tres en Tlalpan y dos en Xochimilco.

Igualmente, el Instituto Electoral detectó tres unidades territoriales que aparecen en el decreto y que conforme a los ajustes realizados por el organismo, no forman parte del marco geográfico.

El dictamen atiende también la resolución del juicio electoral mediante el cual fue impugnado el anexo 2 por no incluir a la unidad territorial Infonavit Iztacalco, motivo por el cual el Tribunal Electoral de la Ciudad de México pidió al Congreso local modificar el citado anexo a efecto de ajustar el listado de unidades susceptibles de recibir un monto específico por concepto de presupuesto participativo, agregó Batres.

Asimismo, se sustenta en que el Consejo General del instituto modificó el catálogo territorial y el marco geográfico de participación para sumar a dos pueblos originarios.