A siete meses de que Roberto Cabrera Alfaro, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fuera condenado a tres años de prisión por haber entregado ilegalmente a la empresa ADN los perfiles genéticos de más de 45 mil familiares de personas desaparecidas, no ha cumplido con la entrega de la fianza de 25 mil pesos que se le impuso para no ser encarcelado por ejercicio ilícito del servicio público.

Lo anterior se ventiló durante una audiencia que tuvo que posponerse en el Reclusorio Sur, en la cual se definiría la manera en que la Secretaría de Gobernación deberá ofrecer una disculpa pública en nombre del Estado mexicano porque se violaron los derechos humanos de las víctimas al entregar la información genética a una empresa privada.

El juez Arturo García Gil encabezó la audiencia del proceso penal 13/2023, donde se dieron a conocer dos comunicaciones en las que el sentenciado indicó que no acudiría a la diligencia. En la primera, informó que no había sido notificado en tiempo y por ello no se presentaría, sin embargo, envió un segundo escrito en el cual señaló estar enfermo y acompañó su dicho con una imagen correspondiente a una receta médica, de la cual el Ministerio Público Federal solicitó que se verificara su autenticidad.

Aunque se suspendió la diligencia, se informó que el ex funcionario no ha cubierto la garantía –fianza o depósito en efectivo– de 25 mil pesos, con los cuales se mantiene vigente el beneficio de no ir a prisión a cumplir su sentencia, y el pago de 70 mil pesos de multa.

De igual manera, que para la nueva fecha se establecerá el medio de comunicación en el cual deberá publicar de manera íntegra las 125 páginas de la sentencia, y que deberá ofrecer una disculpa pública a las familias de las víctimas por haber entregado ilegalmente la información genética.

Un trabajo periodístico puso al descubierto que entre 2016 y 2018, las autoridades, concretamente Cabrera Alfaro, proporcionó decenas de perfiles genéticos a la empresa ADN México, y que la base de datos que se había creado con fondos públicos fue utilizada para obtener recursos mediante el supuesto cruce de información y oferta de la presunta identificación en registros gubernamentales. También investigan a dos ex funcionarios de la Fiscalía General de la República.