os programas sociales inciden en la intención del voto. Así lo sugieren estudios y la experiencia empírica en numerosos procesos electorales. Desde el programa de Solidaridad, establecido por Carlos Salinas de Gortari a fines de la década de 1980, los programas sociales se han alzado como estrategia recurrente para ganar, momentáneamente, la voluntad popular.

El uso electoral de los programas sociales es una provocación ética. Es valerse de manera despreciable de la pobreza para que las élites políticas prevalezcan en el poder. Por ello se ha venido quebrando la confianza de la ciudadanía en las instituciones, generando desafección por lo político, como ha venido registrando Latinobarómetro en sus informes. Hasta 2018, en el Edomex, los gobiernos estatales priístas habían detentado el monopolio del uso electoral de los programas sociales. Ahora compite con los programas impulsados por AMLO y la 4T.

En efecto, en 2017 atestiguamos el despliegue de recursos y actos de funcionarios federales y estatales para que el candidato Alfredo del Mazo (PRI-PVEM-PS y NA) ganara la gubernatura. El objetivo del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto, fue ganar a toda costa el estado de México en 2017. Para ello realizaron una serie de prácticas al margen de la ley, como el descarado uso político de los programas sociales, ante el silencio cómplice de las autoridades electorales INE/IEEM.

La organización Incide Social, presidida por Clara Jusidman, indagó los programas sociales durante el proceso electoral mexiquense en 2017. El resultado fueron reproches por la ausencia de transparencia de los 66 programas analizados. Faltó rigor en la fiscalización y hubo una contraloría mañosamente deficiente. Incide Social concluye que la laxa normativa permitió el uso discrecional de los recursos de los programas en 2017. El gobierno de Eruviel Ávila tuvo un presupuesto anual de 260 mil 318 millones 993 mil 616 pesos, 60.5 por ciento de los cuales estaban destinados al desarrollo social. Por cierto, casi la totalidad de estos cuantiosos recursos se aplicaron durante el primer semestre de aquel año electoral, es decir, a partir de julio de 2017 los recursos para programas sociales estaban agotados.

La gran diferencia en las elecciones de 2023, es que el gobierno mexiquense enfrenta la fuerte competencia de programas sociales y asistenciales del gobierno federal. Esto es, las pensiones para adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras, entre otros.

La Secretaría del Bienestar contabilizó 2.9 millones de beneficiarios de sus programas sociales a escala federal. Hasta diciembre pasado, alcanzó en la entidad 26 por ciento. Por su parte, el gobierno mexiquense del Alfredo del Mazo, reporta cerca de 3 millones beneficiarios de programas sociales ubicados en los 93 municipios gobernados por la alianza Va por México en el estado de México. Destaca Salario Rosa, programa asistencialista mediante el cual se entrega un apoyo económico a las amas de casa por el trabajo doméstico diario y no remunerado. El monto es de 2 mil 400 pesos bimensuales y dicen beneficiar a 600 mil mujeres. Sin embargo, en la práctica, las beneficiarias tienen otras encomiendas que no se contemplan en las reglas de operación y son fundamentales para seguir formando parte del programa. Como replicar en redes sociales los mensajes gubernamentales, principalmente los relacionados con el Salario Rosa y posicionar como tendencia los mensajes que les son instruidos por sus coordinadoras; también deben exaltar la figura del gobernador Del Mazo en Twitter, Facebook y otras plataformas, agradeciendo los apoyos entregados. Todo este engranaje de manipulación política, se puede profundizar en el ensayo de Israel Dávila, titulado Salario Rosa: el ejército femenil de promoción de Alfredo del Mazo, del libro que está empezando a circular El regreso al infierno electoral , Grijalbo, 2023.

El artículo 134 de la Constitución mexicana, en sus párrafos séptimo, octavo y último, establece los principios básicos sobre el uso de recursos públicos, programas sociales y la propaganda gubernamental. Los servidores públicos de la Federación, los estados y de los municipios, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. No deben influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Pese a ello, los partidos legislan normas a las que encuentran forma de burlar. Igual que con los actos anticipados de campaña, hallan fisuras en las leyes para violarlas. ¿Es válido establecer vínculos clientelares con los ciudadanos más pobres? Pareciera que las políticas sociales reditúan más a candidatos que a los propios beneficiarios.

Doy total razón a Adela Cortina, de la Universidad de Valencia, quien rubrica que un sistema corrupto se asienta en los privilegios del poder. No se genera trato equitativo, sino que se fomenta la exclusión de gran parte de la población, cuando las democracias deben ser inclusivas. Y promueve la opacidad de un sistema en proceso electoral frente a la necesaria transparencia. Se elude el principio de máxima publicidad que han asumido los actores políticos en los comicios. Aunque suene a lugar común, hay que repetirlo una y otra vez: no se debe lucrar con la vulnerabilidad de los más pobres.