En cuatro años las remuneraciones promedio de los servidores públicos en la administración pública federal se han reducido más de 20 por ciento, una vez contado el efecto de la inflación sobre los ingresos. Esta caída se debe a una mayor creación de plazas, acompañada de un menor gasto general en las percepciones de los trabajadores, que han entrado en las políticas de austeridad puestas en marcha por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhiben que entre 2019 y 2022 –sin incluir los ramos de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Fiscalía General de la República, por no contar con información comparable para ambos años– el gasto en percepciones de los trabajadores de la administración pública federal se redujo en 473 millones 345 mil 91 pesos.

En el mismo periodo, y también acotado a las dependencias del gobierno federal, empresas productivas del Estado y otros organismos que no pertenecen a los poderes Legislativo y Judicial ni autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, se abrieron 71 mil 865 plazas nuevas.

Las mismas se reflejaron la Función Pública, entidades no sectorizadas, Salud, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la Defensa Nacional, la Marina, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Petróleos Mexicanos, en el resto de los ramos hay una estructura del servicio público más acotada.

Los recortes de espacios laborales más amplios hasta el cierre del año pasado destacan en la Secretaría de Gobernación, con 65 mil 324 plazas menos que en 2019; seguida de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde se reporta un recorte de 2 mil 655; Medio Ambiente y Recursos Naturales, con mil 840; Bienestar, con mil 416, y Agricultura y Desarrollo Rural, con mil 368.

En el lado opuesto se encuentran Seguridad y Protección Ciudadana, ramo en el que se ha incorporado la Guardia Nacional y reporta un incremento de 60 mil 464 plazas; le sigue Defensa Nacional con 44 mil 446; el Instituto Mexicano del Seguro Social con 24 mil 730; Salud con 15 mil 795 y Marina con 12 mil 21.

Reducción de 473 millones

La austeridad que ha tomado como consigna la actual administración se ha traducido en una reducción de más de 473 millones de pesos en las remuneraciones que perciben los trabajadores y funcionarios del servicio público, pese a que se cuenta con un mayor número de plazas en las secretarías, organismos y empresas del Estado.

Con esta divergencia, la remuneración por servidor público pasó de 10 mil 365.9 pesos a 9 mil 685.3, una reducción de 21.6 por ciento en cuatro años, si se toma en cuenta la pérdida de poder de compra de los recursos, dado la inflación.

Ricardo Uvalle, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó que la austeridad utilizada por un gobierno indica que hay una preocupación de cuidar los recursos que son escasos y llevar a cabo una ministración correcta, honrada, responsable y justificada de los mismos.

Sin embargo, para que ésta tenga utilidad debe acompañarse con “medidas administrativas eficientes (…) la austeridad no debe ser un modo de vida que derive en privaciones, en limitaciones, para nuevas formas de desarrollo tanto de las áreas del gobierno, pero particularmente del personal que en él labora”.

El académico sostuvo que la austeridad que se prolonga arriba de uno o dos años genera un efecto contraproducente, porque repercute en salarios no debidamente remunerados, disminución de consumos y áreas de producción. En cambio, una reforma de la administración pública requiere tomar en cuenta la relevancia del capital humano, porque éste mueve la ministración, los recursos y hace posible que el Estado responda.