Lima. Perú decretó ayer el estado de emergencia por 30 días en los departamentos de Lima, Cusco y Puno, autorizando a los militares a intervenir para resguardar el orden público en medio de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la liberación del destituido mandatario Pedro Castillo, que dejan 49 muertos en cinco semanas.

La medida que rige desde hoy suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales, según el decreto del Poder Ejecutivo publicado anoche en el diario oficial El Peruano.

También aplicará en la provincia constitucional del Callao, en la de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, de acuerdo con el decreto.

La policía, con el apoyo de las fuerzas armadas, se encargará de mantener el control del orden interno.

El documento, firmado por Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los titulares de Defensa, Interior y Justicia, además decreta el estado de emergencia por el mismo plazo en cinco carreteras de la red vial nacional: las Panamericana Sur y Norte, la Central, el corredor vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y la Interoceánica Sur.

Ayer, más de 120 tramos de carreteras en Perú permanecían bloqueados por manifestantes, mientras el aeropuerto de Cusco reanudó sus operaciones después de dos cierres precautorios ante las protestas, un día después que la presidenta Dina Boluarte aseguró que no renunciará ante la crisis política que vive el país, la cual ya deja 49 muertos.

Las obstrucciones al paso vehicular afectaban 11 regiones de los Andes y la Amazonía, especialmente en el sur, cerca a las fronteras con Bolivia y Chile. Según estadísticas de la Superintendencia de Transporte Terrestre, nunca antes se habían presentado tantos cortes.

Las regiones del sur andino, de los más marginados en Perú, están sumidos en una incesante convulsión social en la que han muerto 49 personas, en el contexto de las protestas sociales y la represión de las fuerzas armadas desde inicios de diciembre, según líderes civiles y organizaciones pro derechos humanos.

En Puno, sur andino fronterizo con Bolivia, decenas de camiones esperan desde hace días la posibilidad de avanzar. También se han registrado incidentes en la región de Tacna, fronteriza con Chile.

Pero en Cusco, meca del turismo internacional del país, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días como medida de seguridad. Ahora, el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta 1.7 millones de dólares diarios por la crisis.

El conflicto estalló tras la destitución del ex mandatario izquierdista Pedro Castillo, quien intentó el 7 de diciembre disolver de forma ilegal el Congreso. En algunas zonas del país, los choques disminuyen en intensidad, pero en un clima de tensión y se suman nuevos bloqueos.