Nueva York., La Organización Trump fue condenada ayer en Nueva York a pagar una multa de poco más de 1.6 millones de dólares por actos de fraude tributario y financiero en 15 años, indicó el fiscal de Manhattan en un comunicado.

El juez Juan Merchan, del tribunal penal de Manhattan, impuso esta sentencia, la máxima posible bajo la ley estatal, después de que el mes pasado los jurados declararon a dos afiliados de la empresa del ex presidente Donald Trump culpables de 17 cargos penales por delitos fiscales, incluida asociación ilícita y falsificación de registros en los libros contables.

Merchan condenó el martes a Allen Weisselberg, quien trabajó para la familia Trump durante medio siglo y fue director financiero de la empresa, a cinco meses de cárcel después de que declaró como testigo estrella de la fiscalía.

El grupo del multimillonario republicano Donald Trump, quien aspira a postularse a las elecciones presidenciales de 2024, fue juzgado por evasión fiscal y falsificación de declaraciones contables con el objetivo de ocultar compensaciones financieras de algunos de sus dirigentes.

Se trata del primer caso penal para la corporación familiar del ex presidente (2017-2021), que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y propiedades inmobiliarias.

La Organización Trump espera un juicio civil aún más grande este año sobre un caso diferente de fraude financiero.

Hoy, las empresas del ex mandatario Trump fueron multadas con las penas máximas permitidas en la ley después de condenas históricas por un total de 17 delitos graves, expuso el fiscal Alvin Bragg.

Dos firmas del grupo, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, fueron acusadas de conceder beneficios económicos o en especie a altos ejecutivos, ocultándolos a las autoridades fiscales para evitar el pago de impuestos, entre 2005 y 2018.

Entre ellos figura el histórico ex director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, muy cercano a Trump, quien se declaró culpable de 15 cargos y fue sentenciado el martes por el mismo caso a cinco meses de prisión y una multa de más de 2 millones de dólares.

Se le acusó de haberse beneficiado del alquiler gratuito de un apartamento de lujo en Manhattan, de tener a disposición coches Mercedes y del pago de la matrícula de un colegio privado para sus nietos, lo que supuso aproximadamente 1.76 millones de dólares en ingresos no declarados durante años.

Cuando se anunció su sentencia, Weisselberg, de 75 años, y que empezó a trabajar en 1973 como contador para el padre de Trump, partió esposado rumbo a la prisión de Rikers Island.

El 6 de diciembre, cuando se anunció su culpabilidad, la Trump Organization informó, por medio de una de sus abogadas, Susan Necheles, que apelaría, mientras buscaba culpar a Weisselberg, asegurando que él mismo había “declarado bajo juramento (haber) ‘traicionado’ la confianza (de) la empresa”.

Joshua Steinglass, uno de los abogados acusadores, lamentó que la sentencia es muy pequeña, diciendo a Merchan que la multa es una partícula de los ingresos del conglomerado.

Bill Black, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri-Kansas City especializado en delitos de cuello blanco, comentó que la pena equivale a un error de redondeo para la empresa y ofrece una disuasión nula. Es una farsa, afirmó. Nadie dejará de cometer este tipo de delitos por esta sentencia.

Trump, que ha denunciado en varias ocasiones una cacería de brujas, no ha sido señalado personalmente en este juicio y no está imputado en ninguna causa judicial por el momento, pero ve cómo se acumulan los expedientes en los tribunales al entrar en la carrera por la candidatura del Partido Republicano para 2024.

En los dos casos más sonados, el ataque de sus seguidores a la sede del Congreso el 6 de enero de 2021 y los intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el fiscal especial Jack Smith debe investigar en particular posibles demandas por el papel del ex presidente.

Aunque no se enfrenta a cargos penales, el multimillonario deberá comparecer ante un tribunal civil de Nueva York, con tres de sus hijos –Donald Jr, Eric e Ivanka– , acusados también de prácticas fraudulentas dentro de la Trump Organization.

En este caso, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, acusa a la familia Trump de manipular deliberadamente las valoraciones de los activos del grupo para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir sus impuestos.

James reclama 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del Estado, así como la prohibición para el ex presidente y sus familiares de administrar empresas.