Con la finalidad de frenar la tendencia de que ocho de cada 10 contratos del gobierno federal se autoricen por adjudicación directa, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con proyecto de decreto en la que agrega el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de establecer que las contrataciones públicas deberán apegarse a los principios de ética, transparencia y máxima publicidad.

Jaime Bueno, legislador del tricolor, expuso que la propuesta –turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción– busca que con la aplicación de estos fundamentos se genere una dinámica positiva en las adquisiciones públicas y fortalecer la confianza ciudadana en los servidores públicos.

El texto de la propuesta sostiene que Administración Pública Federal entregó en 2021 un total de 157 mil 796 contratos, de los cuales 80.3 por ciento se dieron directamente; en tanto, las licitaciones públicas representaron 10.3 por y las invitaciones restringidas 6.1, mientras que 3.2 por ciento se realizaron con otros mecanismos.

A esto se suma que en el mismo periodo, el actual gobierno entregó 52 convenios a empresas fantasmas por un monto de 162 millones de pesos. La dependencia que adjudicó las mayores cantidades a estas figuras (108.5 millones de pesos) fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Durante el año que concluyó, las instituciones con mayores montos y porcentajes de adjudicaciones directas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco de Bienestar y el Instituto de Salud para el Bienestar.

Por todo eso, incorporar los principios de ética, transparencia y máxima publicidad en el texto de la ley obliga a su aplicación en todos los procedimientos fundamentados con el fin de generar procesos más transparentes, dar mayor certeza a la ciudadanía y más claridad entre competidores, elementos que permitirán a los servidores públicos ampliar el espectro de las adquisiciones públicas.