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Señala Redim aumento hasta de 31.4% en diversos delitos contra niños y adolescentes

La trata y corrupción de menores afecta más a mujeres, dice

 
Periódico La Jornada
Sábado 31 de diciembre de 2022, p. 7

Entre los delitos contra niños y adolescentes que más aumentaron en 2022 están lesiones, corrupción de menores, trata de personas y extorsión, de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Indicó que entre enero y octubre de 2022, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de lesiones se incrementó 31.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 11 mil 221 reportes a 14 mil 743.

La corrupción de menores aumentó 23 por ciento dado que en esos meses de 2021 sumaron mil 633 casos y en los de 2022 han sido 2 mil 8. Este delito tiene que ver con obligar a un infante a, por ejemplo, consumir sustancias tóxicas o narcóticos, a la mendicidad con fines de explotación, a cometer otro delito, formar parte de una asociación delictuosa o realizar actos sexuales.

La trata de niños y adolescentes se incrementó 20.6 por ciento, al pasar de 315 reportes a 380. La extorsión contra menores se elevó 16.8 por ciento, pues entre enero y octubre de 2021 sumó 208 denuncias y en los mismos meses de 2022 han sido 243, mientras el homicidio se incrementó 4.4 por ciento, al registrar 2 mil 40 el año anterior y 2 mil 129 en éste.

La Redim resaltó que de todos estos delitos, la trata de personas y la corrupción de menores afectan en mayor medida a las mujeres, mientras los homicidios y las lesiones se observan más en los hombres.

Ante estas cifras, la Red reiteró que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño señala en su artículo tercero que México, como Estado parte, tiene un compromiso de asegurar a los menores la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.

Asimismo, indicó que el ar-tículo 19 del mismo instrumento internacional especifica que el país debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a la niñez y adolescencia contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.