a oposición venezolana puso fin en horas recientes al gobierno interino proclamado por ella misma y que encabezaba Juan Guaidó; el líder golpista boliviano Luis Fernando Camacho, capturado el jueves, fue formalmente acusado de terrorismo, y Jair Bolsonaro se despedía entre lágrimas de la presidencia brasileña, que mañana será asumida por Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de los comicios de octubre pasado.

Desde enero de 2019, Guaidó fue colocado al frente de un pretendido gobierno paralelo que si bien no ejerció ningún poder real en Venezuela, fue en cambio empleado como cabeza de playa del injerencismo de la Casa Blanca trumpista y logró el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de decenas de gobiernos aliados de Washington, incluido por un tiempo el de la Unión Europea (UE). La función real de la presidencia de Guaidó fue crear una coartada para que diversos gobiernos occidentales, encabezados por los de Estados Unidos y Gran Bretaña, confiscaran los activos venezolanos en el exterior y establecieran un bloqueo económico contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo que provocó un hundimiento sin precedente de la economía.

El gobierno interino se descompuso de manera paulatina por su corrupción, su incapacidad para ejercer autoridad de ninguna clase dentro de Venezuela y el declive del respaldo internacional que había logrado en un primer momento, fenómeno que se explica marcado por la llegada de gobiernos progresistas en Chile, Argentina y Colombia, el retorno de Bolivia a la democracia luego del breve periodo golpista, así como por el retiro del reconocimiento por parte de la UE en enero de 2021. A la postre, la oposición, sumida en pugnas internas por el manejo de los fondos venezolanos depositados en el exterior y reunida en una cuarta legislatura –único soporte interno de Guaidó– que llegó a su fin legal hace casi dos años, hubo de reconocer la inoperancia de su propio engendro y dio por terminado el pretendido interinato. De esta forma, la institucionalidad venezolana se fortalece y el intervencionismo occidental pierde a su principal instrumento.

Mientras, en Bolivia, la fiscalía pidió seis meses de cárcel preventiva por la imputación de terrorismo para Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del departamento de Santa Cruz y uno de los principales cabecillas civiles del golpe de Estado auspiciado por la OEA en noviembre de 2019, y por ende, corresponsable de los crímenes perpetrados por la dictadura que le siguió y que tuvo como fachada civil a Jeanine Áñez, actualmente sentenciada a 10 años de prisión por violaciones a la Constitución e incumplimiento de deberes.

Cabe recordar que en el año que duró ese régimen espurio, decenas de personas, en su mayoría indígenas, fueron asesinadas por las fuerzas represivas, particularmente en las masacres de Sacaba y Senkata, y se abatió una feroz persecución política en contra del ex presidente Evo Morales, sus colaboradores y sus simpatizantes.

El régimen de Áñez siguió en buena medida las posturas racistas, misóginas, neoliberales y fundamentalistas en el ámbito religioso que pregona el ahora encarcelado Camacho, el cual operó como orquestador e ideólogo del golpe de Estado.

Por otra parte, en Brasil, Jair Bolsonaro dejó grabado un mensaje de despedida entre lágrimas y autoexculpaciones antes de partir a Miami, donde pasará la noche de año viejo con su inspirador y amigo Donald Trump. El fin de la presidencia ultraderechista y del desastre que conllevó suscita un suspiro de alivio, en tanto que el nuevo gobierno de Lula, que comenzará mañana, constituye un motivo de esperanza para los brasileños y los latinoamericanos en general.

Cabe saludar el hecho de que, al contrario de lo que ocurre en Europa, las derechas en Latinoamérica se encuentren en declive, como lo manifiestan los hechos comentados: buenas noticias para recibir 2023.