La Paz. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el principal líder de la oposición boliviana, fue ingresado ayer a un penal de máxima seguridad en Chonchocoro, a 25 kilómetros de La Paz, para cumplir cuatro meses de detención preventiva bajo cargos de terrorismo por su papel en el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019), mientras en su demarcación rigió un paro de actividades de 24 horas, que incluyó múltiples cortes de carreteras y que culminó con violentas manifestaciones.

El juez en lo penal Sergio Pacheco declaró que dispone la aplicación de la detención preventiva para el imputado Luis Fernando Camacho Vaca, la cual deberá cumplirla por el plazo de cuatro meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro.

El fiscal Omar Mejillones solicitó un día antes seis meses con el argumento de que había riesgo de fuga.

Durante la audiencia, que comenzó el jueves y se prolongó hasta la madrugada de ayer con transmisión vía Internet, Camacho, abogado y empresario de 43 años, declaró: Nunca me voy a rendir. Llamó a los bolivianos a evitar que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba, en alusión al partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

A pocas horas del fallo judicial, el mandatario local fue traslado con un fuerte dispositivo de seguridad de un recinto policial hasta la cárcel, en la pampa de los Andes, en el oeste de La Paz, según imágenes de la televisora privada Unitel.

Detenido el miércoles y llevado de Santa Cruz a La Paz, al líder le fue el delito de terrorismo por su participación en la crisis política de noviembre de 2019, la cual derivó en la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales, tras unas elecciones que sus adversarios denunciaron como fraudulentas.

Lideró masivas protestas durante 21 días, que dejaron 37 fallecidos en las calles, y obligaron a renunciar a Morales después de que los observadores de la Organización de los Estados Americanos denunciaran irregularidades en los comicios.

Camacho dirige, además, el partido Creemos, la tercera fuerza política en el Parlamento, detrás del oficialista MAS y el centrista Comunidad Ciudadana, del ex presidente Carlos Mesa (2002-2003).

El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el proceso contra el gobernador y aseguró que se cumplieron todos los trámites procesales. Lo acusó de obstaculizar las investigaciones y no presentarse a declarar y apuntó que, por lo tanto, no tenía otra opción el Ministerio Público que emitir la orden de aprehensión.

Tras una jornada de paro, anoche decenas de manifestantes afines al gobernador se enfrentaron a la policía y quemaron tres coches en el centro de la ciudad de Santa Cruz en el oriente de Bolivia. La policía intentaba despejar las avenidas tomadas con gases lacrimógenos.

Centenares de jóvenes rodearon el comando departamental de la policía, en el centro de la ciudad, atacándolo con piedras y petardos, reportó Afp.

Los uniformados respondieron con gas lacrimógeno y al menos cuatro civiles fueron detenidos, según los primeros informes.

La detención del gobernador desató desde el miércoles protestas. Sus simpatizantes, convocados por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista, tomaron en esa jornada dos aeropuertos para evitar, sin éxito, su traslado a La Paz y luego quemaron las oficinas de la fiscalía, otras del gobierno y la casa de un ministro.

En la madurada, grupos de manifestantes incendiaron las instalaciones de la Autoridad de Bosques y Tierras y atacaron el edificio de Impuestos Nacionales, mientras destrozaron la fachada de la televisora estatal Entel, informó Telesur.

En tanto, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mostró su preocupación por los acontecimientos recientes en Bolivia.