Madrid. Un día después del histórico fallo del Tribunal Constitucional (TC), en el que por primera vez se suspendió un trámite parlamentario en curso, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, realizó una declaración institucional, en la cual advirtió que adoptará las medidas necesarias para acabar con el bloqueo en el Poder Judicial.

Sánchez,al igual que hicieron ayer los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Meritxel Batet y Ander Gil, respectivamente, también informó que acatará el fallo judicial, con lo que se descartó que siguiera por la senda de sus socios de gobierno de Unidas Podemos (UP), que son partidarios de la desobediencia de la medida y de hacer frente a los jueces en las calles.

Sánchez aseguró que la decisión del TC es un hecho grave sin precedente en la historia democrática de nuestro país y de cualquier país europeo. Por primera vez se impide a los representantes legítimos electos por los ciudadanos realizar su función de representación, debate y legislación. El gobernante señaló al derechista Partido Popular (PP) y a sus jueces afines en estar detrás del bloqueo del Poder Judicial.

España es una de las grandes democracias europeas y el gobierno adoptará cuantas medidas sean necesarias, dentro de la Constitución, para acabar con el bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional.

El Senado ya asumió en los hechos el dictamen del TC, al continuar con la tramitación en curso del Código Penal pero sin las dos enmiendas cuestionadas, sólo siguen su curso la anulación del delito de sedición y la rebaja de las penas en el delito de malversación. Con lo que se quedaron fuera las reformas para cambiar el reglamento del (Consejo General del Poder Judicial) CGPJ y el TC.

En plena controversia por la resolución, la Comisión Europea mostró su respaldo al espíritu de la decisión de los magistrados españoles, al señalar que cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los estados miembro, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el Poder Judicial y los consejos judiciales.