Entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013, en el puerto de Veracruz ocho jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada por elementos de seguridad estatal y la Secretaría de Marina (Semar), quienes los detuvieron en diversos operativos realizados particularmente en la colonia Formando Hogar y sus alrededores. A nueve años de los hechos, no hay ningún detenido y continúan las omisiones y negligencias de las autoridades para dar con el paradero de las víctimas, aseveró la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

La abogada del caso, Cinthya Juárez Luna, lamentó que permanezcan las relaciones de poder que han impedido las labores de búsqueda, y recordó que por este caso hay acciones urgentes emitidas en 2016 por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las víctimas son Ricardo Adrián García Cruz, Pablo D. Miguel Hernández, Yonathan Issac Mendoza, José Armando Arrioja Cortés, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, José Ignacio Cruz González y Vicente Audelo Helos.

Según reportes de Idheas, las desapariciones forzadas se perpetraron en el contexto de un operativo de seguridad llevado a cabo en el gobierno del priísta Javier Duarte –hoy preso– por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y de la Semar, la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República (FGR).

Cambio de agente del MP

Juárez Luna mencionó que actualmente la averiguación previa por este caso lleva un mes sin seguimiento debido a que el agente del Ministerio Público responsable cambió de adscripción y al día de hoy no se ha podido entregar ni revisar por parte del nuevo encargado.

En entrevista, señaló que si bien ya se tenía ubicado un predio donde se podrían localizar los cuerpos de las víctimas, la FGR no ha ordenado la búsqueda forense. Ya van dos veces que la cancela y la pasó para el próximo año.

En tanto, la abogada indicó que las acciones urgentes emitidas por la ONU se encuentran en seguimiento por parte de la Secretaría de Gobernación, que ha coordinado su cumplimiento con las demás instituciones involucradas, pero hay autoridades como la FGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no las han atendido de manera prioritaria.