n tribunal argentino condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó a perpetuidad
para ejercer cargos públicos en una causa de defraudación al Estado por la presunta adjudicación irregular de 51 obras viales efectuadas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, cuando Fernández fue primera dama (2003-2007) y presidenta (2007-2015), un fallo que con seguridad será apelado y cuyo desenlace definitivo puede tomar años.
En lo inmediato, las motivaciones políticas y el desaseo procesal de la sentencia son groseros e inocultables. De entrada, la denominada causa vialidad
viola el principio de no juzgar dos veces un mismo delito, pues en 2015 fue procesada y sobreseída por el mismo juez que años después, con la llegada del ultraneoliberal Mauricio Macri al poder (2015-2019), decidió reabrirla. Además, como ha señalado durante años la acusada, la fiscalía no presentó una sola prueba que la vincule con los contratos en cuestión, y ni siquiera se le puede achacar responsabilidad administrativa en la adjudicación de las obras, pues legalmente ésta recae no en el titular del Ejecutivo, sino en su jefe de gabinete. Respecto a la aprobación del presupuesto, es facultad del Congreso.
A las grotescas distorsiones de la justicia en este caso particular se añaden las conocidas inclinaciones políticas derechistas del Poder Judicial argentino, la incapacidad de gran parte de sus representantes para separar sus ideologías e intereses de grupo de sus labores judiciales y la absoluta falta de disimulo con que operan a favor de poderes fácticos y personajes del macrismo.
Apenas en octubre, se develó una reunión de jueces, fiscales (algunos de ellos involucrados en el juicio contra Cristina Fernández) y funcionarios del gobierno macrista de Buenos Aires en la finca de un billonario británico en el polo turístico de Bariloche. Esta revelación fue vergonzosamente acallada por los medios de comunicación masiva, cuyo máximo exponente, Grupo Clarín, es el mayor promotor del linchamiento contra el kirchnerismo desde que hace casi dos décadas, este movimiento intentó poner fin al saqueo neoliberal que hundió al país en la mayor crisis de su historia.
Por todo ello, Cristina Fernández se refiere a la estructura corrupta de juzgados y fiscalías como partido judicial
, un sistema paraestatal que decide sobre el conjunto de los argentinos por fuera de los resultados electorales
. El mecanismo al que alude la líder peronista, el lawfare (uso de maquinaciones judiciales y legislativas para deponer a mandatarios incómodos a los intereses de las oligarquías), se ha vuelto el sucedáneo contemporáneo de los golpes de Estado perpetrados por las derechas el siglo pasado. Ya ha causado la defenestración ilegal de Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil, y en estos momentos es aplicado de forma cada vez más agresiva para derribar a Pedro Castillo en Perú. En México existe el doble antecedente del intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005 y de la validación judicial del fraude electoral cometido para imponer a Felipe Calderón en la Presidencia en 2006.
Aunque la condena contra Fernández de Kirchner puede ser impugnada y se espera que el proceso demore años, la sentencia emitida ayer constituye la confirmación irrefutable de que la oligarquía argentina no tiene escrúpulos éticos ni legales en el empeño de imponer sus intereses, y está dispuesta a descarrilar por cualquier vía proyectos de transformación por moderados que sean, rasgo que comparte con las derechas de gran parte del mundo.
