Chihuahua, Chih., De 2017 a la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido 23 quejas contra el Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua por parte de ex funcionarios del gobierno del priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), quienes enfrentaron procesos penales por delitos de corrupción durante el mandato de Javier Corral Jurado, informó el ombudsman local, Néstor Armendáriz Loya.

Explicó que ningún ex funcionario que sea testigo protegido en el caso Operación Justicia para Chihuahua o expedientes X ha presentado una denuncia formal por tortura, aunque tales hechos se investigan de oficio ante el reclamo público y la detención del ex fiscal Francisco González Arredondo.

Armendáriz acotó que siguen abiertas seis quejas, de 23 recibidas, por parte de personas que se consideraron víctimas de detención ilegal y de violación a la presunción de inocencia, a la integridad y a la seguridad personal, así como de tratos indignos y transgresión a la protección de la salud durante la pandemia. Pero ningún testigo protegido ha pedido intervención.

El defensor de derechos precisó que las 23 denuncias fueron contra el Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua por malos tratos a ex funcionarios detenidos, y cinco derivaron en recomendaciones a la subsecretaría correspondiente.

Confirmó que una de las recomendaciones fue por la muerte dentro del reclusorio de José Lázaro Joaquín López Ramírez, ex funcionario de Duarte Jáquez.

López Ramírez había pedido en agosto de 2020 la medida cautelar de prisión domiciliaria, debido a su edad avanzada, padecimiento de hipertensión y porque corría el riesgo de agravarse y contagiarse de covid-19. Sin embargo, la fiscalía del estado insistió en mantenerlo preso.

Acusación contra el ex investigador

La Operación Justicia para Chihuahua o expedientes X fue la estrategia jurídica del gobernador panista Javier Corral para investigar y castigar la red de corrupción de su antecesor, el priísta César Duarte. Estuvo a cargo el ahora detenido González Arredondo, quien fue coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía del estado.

González Arredondo fue detenido el pasado 21 de noviembre y enfrenta proceso penal por el probable delito de tortura, según la carpeta de investigación 3176/2022.

En la audiencia de formulación de cargos se le acusó de obtener declaraciones de testigos protegidos mediante coacción.

Los interrogatorios comprendían largos periodos en los que prohibía el agua, alimentos e ir al sanitario; incurría en gritos, actitudes violentas y amenazas contra la víctima y su familia, todo ello calificado como tortura sicológica, acusó la fiscalía de Chihuahua.