Buenos Aires. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada ayer a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable, sin pruebas, de causar defraudación al Estado por unos mil millones de dólares a través de la adjudicación irregular de 51 obras viales con fondos públicos en la provincia sureña de Santa Cruz.

Con el fallo del Tribunal Oral Federal 2 culmina un juicio que fue reabierto, a pesar de que un proceso previo con los mismos cargos fue cerrado por falta de pruebas y peritaje falso, y confirmó el vaticinio que en diciembre de 2019 hizo la propia Fernández de Kirchner: la sentencia ya estaba escrita.

Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, todos ellos trasladados en forma irregular de un juzgado a otro, como miembros del partido judicial o como el resto de los intervinientes nombrados de manera ilegal por el ex presidente derechista Mauricio Macri, actuaron como se había previsto.

La dos veces presidenta (2007-2015) advirtió hace unas semanas que no estaba frente a un tribunal, sino ante un pelotón de fusilamiento, y en un mensaje que divulgó ayer en sus redes sociales tras conocerse la sentencia dijo que la verdadera condena no es la prisión, sino la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Fernández de Kirchner, de 69 años, anunció que no se postulará a ningún cargo de elección popular al concluir su actual gestión.

Aseveró: el poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de (la coalición opositora) Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La sentencia real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos.

En su mensaje, pronunciado desde su oficina del Senado, demolió uno por uno los argumentos del tribunal, que además no pudo mantener la acusación de que ella era la jefa de una asociación ilícita.

Fernández de Kirchner denunció la existencia de un Estado paralelo y una mafia judicial, y añadió que el periodismo es “fundamental en el lawfare” e indicó que la complicidad de los medios es necesaria para fabricar condenas que no tienen sustento, al aludir al Grupo Clarín.

Sostuvo que cuando era presidenta no tenía manejo de las leyes que son aprobadas por el Legislativo y remarcó que el presidente de la república tampoco administra ni ejecuta el presupuesto.

Destacó que Página/12 fue el único medio que informó sobre el reciente viaje de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fiscales, jueces y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, además de directivos del diario Clarín, a la provincia sureña de Río Negro.

¿Qué hacen cuatro jueces federales con funcionarios y ministros del gobierno de la ciudad? Ya era muy horrible, pero faltaban muchas más cosas, manifestó Fernández de Kirchner, en referencia a la publicación de los chats de este grupo, en especial del juez Julián Ercolini, que fue quien abrió la causa Vialidad, por la que ayer fue condenada.

Ellos y otros miembros conformaron el Grupo Telegram el 17 de octubre pasado. Viajaron a Bariloche en un avión privado para llegar a la mansión del millonario británico Joe Lewis.

Se refirió al atentado contra ella, el pasado 1º de septiembre, y señaló que posiblemente no la puedan encarcelar porque a alguien se le puede ocurrir matarla antes. Presa o muerta me quieren, afirmó.

Las reacciones

Hoy (ayer), en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana, tuiteó el presidente Alberto Fernández.

La presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expuso: parece que estos criminales quieren que se muera de un infarto, de tantos disgustos que le están dando, o que vaya a parar a la cárcel.

Antes de conocerse el fallo, el ex juez español Baltasar Garzón en una carta dirigida a los jueces a cargo de la causa resaltó que “la persecución política en una democracia por medio de la misma causa política es rechazable, pero hasta cierto punto comprensible, pero la persecución política por conducto del derecho (lawfare) es el mecanismo más perverso y destructor de aquélla. Ustedes jueces son y serán los únicos responsables de que esto acontezca o in extremis, pueda evitarse y comenzar una nueva regeneración democrática de la justicia”, publicó Página/12.

La reacción a la sentencia no fue sólo local, sino que comenzaron a llegar mensajes desde el exterior en solidaridad con la vicepresidenta, entre ellos los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Bolivia, Luis Arce; de Honduras, Xiomara Castro, así como los ex mandatarios Evo Morales de Bolivia y Dilma Rousseff de Brasil.

Organizaciones sociales y políticas marcharon desde distintos lugares hasta los tribunales de la calle Comodoro PY, bajo casi 40 grados de temperatura, para escuchar y condenar la sentencia, advirtiendo que se trata de un golpe a la democracia, y una amenaza para todo el pueblo argentino.

Miles más rodearon el Congreso esperando escuchar la voz de Fernández de Kirchner, la dirigente política más importante del país en los últimos 20 años.

Todos los ministros y gobernadores, además del Partido Justicialista, enviaron comunicados de apoyo a Fernández de Kirchner y comenzaron a preparar actos para luchar contra la dictadura judicial, y por una reforma de una justicia cooptada por un sector de la derecha y el neofascismo, y por la injerencia de Estados Unidos, que se refleja en la actitud de la embajada aquí.

Desde el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel hasta la Secretaría de Derechos Humanos, que consideró que el fallo es “la concreción máxima del lawfare en nuestro país”, el repudio es generalizado. Los manifestantes hablan de una dictadura judicial que remplaza a las dictaduras cuyos resultados son conocidos en este país, donde 30 mil personas fueron desaparecidas.

Se trata de la primera ocasión en que un vicepresidente en funciones es condenado, pero Fernández de Kirchner no irá a prisión hasta que la sentencia esté en firme por la Corte Suprema, un proceso que puede demorar años, e incluso llegar a instancias internacionales.

El tribunal, además, dictó sentencias, también sin que se hayan acreditado las acusaciones, contra el empresario Lázaro Baéz, a seis años de cárcel, lo mismo que al ex secretario de Obras Públicas José López, ambos ya en prisión por otros procesos por corrupción, que también fueron irregulares. Tres de los 13 implicados fueron absueltos. Otros acusados fueron condenados a entre cuatro y cinco años de prisión.