l secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, dijo ayer que el gobierno que representa se opondrá a los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania y a la anexión de ese territorio palestino que el régimen israelí ocupa ilegalmente desde 1967, donde mantiene una política de saqueo de recursos y cuya población vive sometida a una represión atroz y cotidiana.
Asimismo, el jefe de la diplomacia de Washington afirmó que “también seguiremos oponiéndonos de forma inequívoca a cualquier acto que socave las perspectivas de una solución de dos estados, (a) la expansión de los asentamientos, los movimientos hacia la anexión, la alteración del statu quo histórico de los lugares sagrados, las demoliciones y los desalojos (de hogares palestinos por las fuerzas ocupantes) y la incitación a la violencia”.
Los señalamientos de Blinken marcarían un retorno tardío e insuficiente a las posturas tradicionales de Washington que fueron compartidas con matices por demócratas y republicanos hasta que Donald Trump las dinamitó en diciembre de 2017, cuando reconoció a Jerusalén como capital de Israel
y comenzó el traslado a esa ciudad de la embajada estadunidense que, como las de casi todos los otros países, se encontraba en Tel Aviv.
Cabe recordar que el conflicto jerosolimitano se remonta a 1967, cuando las fuerzas israelíes pasaron por encima de la línea verde –que delimitaba las posiciones de árabes e israelíes tras el armisticio de 1949–, capturaron la porción oriental de la ciudad, a la que los palestinos llaman Al Quds y a la que revindican como capital del país que debe ser conformado, de acuerdo con la legalidad internacional, en esa parte de la urbe, el territorio cisjordano y la franja de Gaza. Por lo demás, Trump fue mucho más allá del acto a fin de cuentas simbólico de un reconocimiento de capitalidad: de palabra y de hecho, se apartó del principio de los dos estados, transgredió las resoluciones 242, 303, 338, 478 y A/ES-10/L.22 de la Organización de Naciones Unidas y alentó la multiplicación de las agresiones que en forma regular y sistemática el gobierno israelí perpetra en contra de los palestinos de Cisjordania, Gaza y la Jerusalén oriental.
Pero, con o sin Trump, el gobierno de Estados Unidos ha sido, en su condición de protector, aliado y proveedor principal de armas del régimen de Tel Aviv, corresponsable de una de las más graves atrocidades de la historia contemporánea: el despojo territorial, la limpieza étnica, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos, los bombardeos de civiles, el cerco implacable y los tratos racistas que han venido sufriendo los territorios palestinos desde la proclamación del Estado hebreo, en 1948. Esa corresponsabilidad se acentuó con el fin de la guerra fría, que dejó a Washington como único actor capaz de poner un límite a la barbarie en contra de la población palestina.
Por eso, los señalamientos formulados ayer por Blinken son apenas un paso mínimo, tardío e insuficiente en la dirección correcta.